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Dan el primer paso para legalizar las casas clandestinas de La Vinosilla

Algunas de las viviendas construidas en terreno no urbanizable junto a La Vinosilla. :: andy solé
Algunas de las viviendas construidas en terreno no urbanizable junto a La Vinosilla. :: andy solé
  • El Ayuntamiento aprueba el convenio de regularización de las viviendas, pero aún deben otorgar su visto bueno la Junta y la CHT

Los propietarios de las viviendas ilegales construidas hace años junto a La Vinosilla, entre la Chopera y el centro sociodeportivo, recibieron ayer el visto bueno del pleno municipal para iniciar un largo y difícil camino administrativo con el que pretenden conseguir regularizar la situación urbanística de estos inmuebles. El Ayuntamiento ha dado luz verde al convenio que le han presentado los dueños de las casas, que ahora tendrán que convencer a varios organismos más, entre ellos la Junta de Extremadura y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), de que cumplen con los muchos requisitos recogidos en la Ley de Suelo para legalizar construcciones levantadas sin permiso sobre terrenos no urbanizables.

La aprobación por parte del Ayuntamiento de este convenio no estuvo exenta de polémica. El concejal del PSOE, Iván Sánchez, avisó de que con este procedimiento se crea un «peligroso precedente» al que pueden remitirse los propietarios de otras viviendas irregulares que existen en la ciudad, en zonas como la sierra de Santa Bárbara o El Espartal. Por su parte, el edil de Plasencia en Común, Abel Izquierdo, criticó que «en los últimos 25 o 30 años no se ha hecho nada para parar este tipo de construcciones», y al igual que los socialistas se preguntó «cómo va a repercutir esto en otras viviendas clandestinas de la ciudad».

El concejal de Hacienda y Urbanismo, José Antonio Hernández, restó protagonismo al papel que juega el Ayuntamiento en este asunto. Dijo que iniciar el proceso de regularización de las viviendas es «un derecho legal que tienen los propietarios», y detalló que, según el convenio aprobado ayer, serán ellos quienes corran con los gastos de urbanización de la zona si llegan a conseguir legalizar sus propiedades. Además, deberán ceder parte del suelo para construir los viales, y se comprometen a constituir una entidad urbanística de conservación para que el futuro mantenimiento no sea con cargo a las arcas públicas.

Hernández dijo que la única iniciativa adoptada sobre estas viviendas por parte del Gobierno local del PP fueron las denuncias que presentó contra los promotores en el año 2013. A partir de ahí se iniciaron una serie de procesos judiciales, que ya han finalizado con condenas de distinto tipo contra los propietarios, que en algunos casos incluyen el derribo de los inmuebles, e incluso penas de cárcel.

La ejecución de esas sentencias queda por el momento en el aire, a la espera del resultado del procedimiento de regularización iniciado ahora por los propietarios, el cual, según dijo ayer el edil de Urbanismo, se puede prolongar durante años por la gran cantidad de administraciones, entre ellas varias consejerías de la Junta, que tienen que analizar los expedientes y pronunciarse al respecto. Si el proceso llegase a prosperar, sería necesario modificar el Plan General Municipal (PGM), en vigor desde el pasado verano, para incluir la nueva realidad de la urbanización una vez legalizada.

De hecho, el propio PGM suaviza las condiciones para regularizar viviendas clandestinas con respecto al anterior plan. Ahora sólo obliga a que el ámbito de actuación sea mayor de tres hectáreas, la edificabilidad no supere 0,1 metros cuadrados por cada metro de suelo bruto y no haya más de siete viviendas por hectárea. Además, el 80% de las parcelas deben tener ya alguna edificación existente. Esta flexibilización de las condiciones para regularizar viviendas ilegales se incorporó al Plan General Municipal precisamente a petición, entre otros, de propietarios de casas de La Vinosilla, y también siguiendo recomendaciones hechas al respecto por Pymecon.