El edificio de servicios sociales, listo nueve años después de empezar la obra

El alcalde, acompañado por parte de su equipo de gobierno y por dos trabajadoras sociales, recorrió ayer las estancias de un edificio que finalmente va costar unos 900.000 euros, 300.000 por encima de lo presupuestado. Además de los servicios sociales de base va a acoger otros como la ayuda a domicilio, la lanzadera de empleo, la Oficina Municipal de Atención al Consumidor (OMIC), atención a extranjeros o minorías étnicas, además de la concejalía de Servicios Sociales y Mayores, y la de Familia, Igualdad, Accesibilidad y Dependencia.

El inmueble consta de dos plantas con despachos, salas de reuniones, salas de visitas y salón de actos, además de una planta baja donde se encuentran las instalaciones técnicas y un aparcamiento. Una vez que se lleve a cabo la mudanza, será allí donde se atenderá a todos los usuarios de los servicios sociales. En el ayuntamiento quedarán únicamente dos trabajadoras que se ocuparán de la zona centro.

Las dependencias de la planta alta de la casa consistorial en la que están ahora los servicios sociales se usarán para ampliar las áreas de arquitectura y urbanismo, que de este modo serán por fin accesibles para personas discapacitadas a través del ascensor situado en el patio.

Fernando Pizarro quiso ayer dejar claro que este edificio es un proyecto del gobierno local del PSOE que le antecedió, y que el PP nunca estuvo de acuerdo en llevarse los servicios sociales fuera del casco histórico. Hizo además un gran hincapié en señalar a la persona que, a su juicio es la responsable de todo lo que ha ocurrido con esta obra. «El culpable del retraso y el sobrecoste tiene un nombre, y es el del entonces concejal de Fondos Europeos, Francisco Martín», afirmó. Hasta en cinco ocasiones mencionó al actual director general de Turismo de la Junta como el político cuya «mala gestión» hizo que se perdieran los fondos europeos que estaban aprobados para pagar el edificio, lo cual obligó al Ayuntamiento a aportar algo más de 300.000 euros de fondos propios para no dejarlo a medias, los cuales se sumaron a los 600.000 que ya se habían gastado desde el inicio de la obra.

Desde que comenzó a construirse en 2007, el edificio de servicios sociales ha sufrido varios parones, el más importante de ellos motivado por la decisión, cuando ya habían empezado las obras, de elevarlo una planta más. Otra larga interrupción llegó en 2012 al abandonar los trabajos la empresa a la que, ya con el PP en el poder, se había adjudicado la continuación. También entonces hubo problemas, puesto que la nueva adjudicataria renunció y hubo que acudir a otra de las concursantes, a la que finalmente se encargó en 2014 la finalización del edificio por 302.159,75 euros.