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CLAUDIO MATEOS
Viernes, 15 de enero 2016, 07:58
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El Ayuntamiento de Plasencia tiene dos años para negociar con los propietarios de las huertas de La Isla el pago en solares de una parte de la deuda, o bien encontrar el modo de conseguir cerca de cinco millones anuales extra a partir de 2018. Esa es la cantidad a la que deberá hacer frente cada año desde entonces y durante la siguiente década para cumplir con el auto de ejecución de las sentencias del Supremo, publicado este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). El abogado de los dueños Santiago Cid, descartó ayer recurrir la resolución, con la que están satisfechos porque «concilia los intereses de los propietarios con los de la ciudad».
Aunque este año aún no hay que pagar nada y el verdadero problema para las arcas municipales llegará en 2018, los recortes van a dejarse sentir ya en los presupuestos de 2016, que el gobierno local pretende llevar a pleno la primera semana de febrero y que previsiblemente incluirán mecanismos de ahorro con vistas al futuro. El plan de devolución establecido en el rescate del Ministerio de Hacienda, que ha prestado al Ayuntamiento 24,1 millones para afrontar el principal de la deuda, contempla un primer pago de 1,5 millones en 2017 y 3 millones anuales durante los siete años siguientes. Además, después del periodo de carencia de dos años fijado por el TSJEx, a partir de enero de 2018 habrá que empezar a pagar directamente a los propietarios los 12 millones de intereses de demora, que tras la emisión del auto se consideran ya deuda consolidada, de modo que seguirán generando a su vez nuevos intereses durante los diez años de plazo de hay para su devolución.
Si bien hay algunos detalles aún por aclarar, el cálculo aproximado es que el pago anual por parte del Ayuntamiento desde 2018 en adelante y a lo largo de casi una década rondará los cinco millones de euros. Es más del triple que los 1,5 millones que se han abonado tanto en 2014 como en 2015 en cumplimiento del auto provisional que emitió el TSJEx en julio de 2014, y el gobierno local ya habló entonces del «enorme esfuerzo» que tuvo que hacer para pagar esas cantidades.
El alcalde, Fernando Pizarro, dijo el miércoles y reiteró ayer que el pago de las huertas no supondrá una carga para los placentinos, si bien nadie en el equipo de gobierno ha detallado aún de dónde van a salir los cerca de cinco millones anuales que se necesitarán a partir de 2018 para satisfacer los distintos apartados de la deuda. El plan de ajuste que acompaña al rescate de Hacienda establece mecanismos de aumento de los ingresos y reducción del gasto destinados a conseguir recursos para devolver ese préstamo, pero los 12 millones de intereses son un añadido con el que el Ayuntamiento no contaba porque aspiraba a lograr una quita importante, que no se ha producido, si abonaba en un único pago los 24,1 millones del principal.
Los propietarios
Santiago Cid, el abogado del bufete madrileño Arauz de Robles que ha representado a la casi totalidad de los propietarios de las huertas durante este proceso, descartó ayer la posibilidad de recurrir el auto del TSJEx, con el que dijo que están «satisfechos», aunque esperaban que la sala fijase un plazo menor para el pago de los intereses. «Los propietarios están conformes porque los dos años de carencia y el plazo de 10 años permiten conciliar sus intereses con los de la ciudad, a la que no se causa ningún perjuicio», afirmó.
Cid señaló además que Fernando Pizarro «falta a la verdad» cuando afirma de que el motivo de que el Ayuntamiento vaya a tener que pagar la totalidad de la deuda es que los dueños son «insaciables». «El auto dice claramente que ha habido buena fe de los propietarios a la hora de negociar, como se demuestra, por ejemplo, al haber aceptado que los pagos parciales realizados en 2014 y 2015 hayan ido a reducir el principal, y no los intereses», apuntó el letrado. Esos tres millones, sumados a los 10 que ya se habían abonado y a los más de 36 que hay que pagar ahora, hacen que el coste total de las huertas para Plasencia vaya a rondar los 50 millones de euros.
Mientras el gobierno local planea el modo de conseguir el dinero necesario para hacer frente a las obligaciones recogidas en el auto, tiene por delante dos años, hasta enero de 2018, para seguir negociando con los propietarios. Su intención es intentar que alguno de ellos acepte suelo como pago por los intereses, una posibilidad a la que por el momento tan solo se ha mostrado abierta la promotora Placonsa, que es la acreedora de en torno al 40% del total de la deuda. El resto son la inmobiliaria Sierra Calama, la empresa Focer S.A. y más de 50 ciudadanos particulares.
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