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Claudio Mateos
Viernes, 27 de noviembre 2015, 08:23
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El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha pedido al secretario del Ayuntamiento de Plasencia que le facilite los datos patrimoniales de los 21 concejales de la corporación. Se trata de una medida preventiva puesto que, según explicaron ayer tanto el alcalde como el abogado de los propietarios de las huertas de La Isla, cualquier edil que impida o dificulte la ejecución de las sentencias firmes del Tribunal Supremo podría ser imputado por un delito de desobediencia, ante el que tendría que responder tanto por la vía penal como con sus bienes personales.
«Además de los intereses de la ciudad tengo que defender los de los 21 miembros de la corporación», afirmó ayer Fernando Pizarro al ser preguntado por este asunto en rueda de prensa. El día anterior el concejal de Ciudadanos, Juan Carlos Hernández, ya avisó de que le había llegado una filtración interna del Ayuntamiento según la cual alguien había solicitado los datos personales de los ediles. Ayer se supo que ese requerimiento proviene del juez de las huertas y que llegó en octubre. En este contexto, el alcalde tachó de «cobardes» a los concejales de la oposición que se abstienen en las votaciones relativas a las huertas.
«En nuestro primer escrito ya avisamos de que negarse o retrasar la ejecución de una sentencia está tipificado en el Código Penal como delito de desobediencia», recordó el abogado de los dueños, Santiago Cid, del bufete Arauz de Robles.
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