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Ana B. Hernández
Lunes, 19 de mayo 2014, 07:13
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plasencia. La Consejería de Fomento tiene abiertos en estos momentos 91 expedientes de desahucio de viviendas sociales, 28 de ellos por ocupación ilegal, según los datos facilitados por la concejala de Bienestar Social, Sonia Grande.
Además hay 13 abiertos porque los adjudicatarios legales de las viviendas no residen en ellas, dos más porque tienen otra vivienda y la apertura de los 48 restantes está motivada por impagos del alquiler.
«Pero en estos momentos no hay ninguna vivienda libre, porque los 91 expedientes de desahucio se están tramitando», aclaró ayer la concejala placentina.
En cualquier caso, adelantó que el Ayuntamiento ya ha solicitado a la Junta de Extremadura que abra un nuevo proceso de adjudicación de viviendas sociales en Plasencia. El último proceso en la ciudad se llevó a cabo en 2009 y la totalidad de los que lograron la adjudicación de un piso en el mismo ya lo tienen. «Hace unos quince días, aproximadamente, se llevó a cabo la última adjudicación de ese proceso». De tal modo que aunque ahora hubiera viviendas vacías no se podrían dar porque no hay ninguna adjudicatario legal. Para ello la Junta tiene que abrir un nuevo proceso.
El mismo tendrá sin duda alguna a muchas personas inscritas, porque son más de 200 las que demandan una vivienda social en Plasencia y que ya se han apuntado a una lista extraoficial en la Junta con el fin de participar en un proceso de adjudicación cuando surja.
Sonia Grande también deja claro que la adjudicación en este nuevo proceso no se llevará a cabo por sorteo como ocurrió en el 2009, sino por baremación. «El objetivo es que las viviendas sociales lleguen a las personas que más las necesiten, aunque los trámites del proceso sean más complicados», explicó.
La edil popular quiere que el Gobierno regional abra ese nuevo proceso con el fin de que se establezca una lista oficial de adjudicatarios a la que recurrir cuando los expedientes de desahucio que están en marcha concluyan.
Aunque reconoce que el problema será mantener las viviendas que se desalojen vacías y en buen estado, puesto que es habitual que pocos días después -si no el mismo- de que se produzca un desalojo y operarios de la Junta ultimen el arreglo de la vivienda desocupada, ésta no se vuelva a ocupar de forma ilegal a través de la patada en la puerta.
Por último, la concejala de Bienestar Social quiere dejar claro que, independientemente del nuevo proceso de adjudicación, las víctimas de malos tratos y las de desahucio hipotecario, siempre que carezcan de recursos económicos, tienen prioridad a la hora de la adjudicación de un piso social. «Cuando ha habido alguno libre y la Junta tenía constancia de esta necesidad, la vivienda ha sido entregada», zanjó ayer la edil popular.
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