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El nuevo Estatut catalán cosecha el menor respaldo de la historia
El referéndum registró una participación de solo el 49,42%, pero entre los votantes el apoyo al nuevo marco de autogobierno fue del 73,90% Solo un tercio de los catalanes con derecho a voto lo hicieron a favor del nuevo texto
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Cataluña aprobó ayer en referéndum el tercer Estatut de autonomía de su historia, aunque este nace con el menor respaldo en las urnas. Solo un tercio de los catalanes votaron sí el nuevo marco de autogobierno.

Con el 99,91% de los votos escrutados al cierre de esta crónica, el nuevo Estatut, el marco de autogobierno más amplio que ha tenido nunca Cataluña, recibió 1.871.825 papeletas afirmativas, el 73,9% de las depositadas en las urnas. Pero el amplio triunfo del 'sí' no maquilla el dato negativo de la participación, que se quedó en solo un 49,42% de los ciudadanos convocados a las urnas.

En 1931, recién instaurada la II República, los catalanes aprobaron su primer Estatut de Autonomía con una participación del 75,13% y un triunfo abrumador del sí, que alcanzó el 99,49% de los votos emitidos.

En 1979, cuando la actual Monarquía parlamentaria daba sus primeros pasos, 2.639.951 catalanes, un 59,7% del censo, acudió a los colegios y, de ellos, 2.327.038, el 88,1% de los votos emitidos, fueron favorables al Estatut que ayer concluyó.

500.000 votos menos

Casi 27 años después, y a falta del cierre definitivo del recuento, son 2.545.405 los catalanes que han acudido a las urnas, de los que 1.881.160 han dado el visto bueno al nuevo marco de autogobierno, que nace por tanto con en torno a medio millón de votos menos -15 puntos porcentuales- respecto del texto al que sustituye.

Una vez constatada la mayor indiferencia de los catalanes ante el Estatut que ayer aprobaron respecto a los dos anteriores, el triunfo del sí es incuestionable. La papeletas favorables fueron un 73,90% sobre el total de las emitidas, un 35,9% sobre el censo, que ayer fue de 5.202.291 ciudadanos. Puestos en relación ambos datos -participación y voto a favor-, la conclusión es que solo 3,5 de cada diez catalanes con derecho a voto apoya el nuevo estatuto.

El 'no' obtuvo 528.301 votos, un 20,75% sobre los emitidos. Los votos en contra depositados en las urnas en 1979 fueron 204.957, apenas el 7,7 de los depositados, lo que indicaría que el índice de rechazo que provoca el texto aprobado ayer, pese al apoyo mayoritario recibido en las urnas, es superior al que recibió el visto bueno hace 27 años. Además, ayer se registraron 135.944 votos en blanco y 23.029 nulos.

El porcentaje de votos negativos de ayer es inferior a la suma de los apoyos recibidos en las últimas elecciones por las dos principales fuerzas que propugnaban esa opción, ERC y PP. En las últimas elecciones autonómicas, celebradas en el 2003, ERC obtuvo el 16,40% y el PPC el 11,85%, lo que suma el 28,25% de los votos válidos emitidos en aquella ocasión.

En la última cita electoral, las generales de marzo del 2004, los republicanos obtuvieron el 15,89% de los sufragios en Cataluña y los populares el 15,58% con lo que la suma de ambos supondría el 31,47%.

Por provincias

Gerona fue, de las cuatro provincias, la más favorable al Estatuto, ya que el 74,64% de los votantes optaron por el 'sí' frente al 19,24% que eligió el 'no'. Le siguió Lérida, con porcentajes muy similares, un 74,67% a favor y un 19,56% en contra.

El 'no' superó la media en Tarragona, donde el 22,51% expresó su rechazo al texto sometido a consulta frente al 72,39% que lo respaldó. En Barcelona, el 73,95% votó 'sí' frente al 20,81% que optó por el 'no'.

La baja participación dificulta relacionar los resultados del referéndum con los que ofrecieron las urnas en noviembre del 2003, tras las últimas elecciones autonómicas celebradas, en las que participaron el 62,54% de los ciudadanos. Los partidos que ayer defendieron el 'sí' -CiU, PSC e IC-V- cosecharon entonces un total de 2.140.290, lo que indica que parte de sus votantes se quedó en casa ayer.

Las dos formaciones impulsoras del 'no', Partido Popular y Esquerra Republicana de Cataluña, cosecharon en total 937.823 votos, lo que permite pensar que su apuesta por rechazar el nuevo Estatuto no ha calado con fuerza ni siquiera entre sus seguidores.

Una posible explicación a estos resultados puede estar en la polémica génesis del proyecto. La ponencia del Parlamento catalán comenzó a trabajar el 12 de febrero del 2004 sin el PP, que se sumó a los trabajos tras perder las elecciones generales del 14 de marzo de aquel año. El farragoso proceso de negociaciones iniciado empantanó pronto y mantuvo el proyecto al pairo de diálogos infructuosos y de la férrea oposición popular hasta septiembre del 2005.

El viernes 30 de aquel mes, tras un inesperado golpe de timón, el presidente Pasqual Maragall aceptó la propuesta de máximos que defendía el nacionalismo catalán y el Parlamento autónomo alumbró un nuevo estatuto que reconocía a Cataluña como una nación. Por cierto que Miravet, la localidad tarraconense donde se acordó la gestación del Estatut apoyó mayoritariamente el nuevo texto estatutario con un 66% de votos afirmativos, pero cosechó casi un 30% de votos negativos, casi 9 puntos por encima de la media catalana.

Pacto de La Moncloa

El pacto que sellaron en enero en La Moncloa José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de CiU, Artur Mas, a espaldas del resto de los actores políticos catalanes, permitió al Congreso limar los puntos más radicales del proyecto -lo que expulsó a ERC del núcleo del consenso-, pero no lo suficiente para atraer al PP. Así, las Cortes dejaron en manos de los catalanes un Estatuto con un grado de consenso político menor al que obtuvo al salir del Parlamento autonómico.

El Estatut aprobado ayer por los catalanes mantiene una vinculación entre Cataluña y el concepto de nación que no tiene precedentes en la historia de España. Para el Gobierno central y los partidos catalanes defensores del 'sí', la formulación se limita a actualizar el modelo de relación entre España y la comunidad catalana, mientras que el PP defiende que rompe el modelo de Estado. Autonomías como Andalucía, Baleares, Aragón y Galicia han mostrado su intención de incorporar formulaciones similares en sus respectivas reformas del marco estatutario.



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