El establecimiento en la ciudad de esta importante red de inmigración ilegal podría parecer casual, pero no lo es. Los investigadores han comprobado que el interés de los marroquíes por presentar la solicitud en la Subdelegación del Gobierno en Badajoz se debe a que son mayores las posibilidades de éxito.

Esas facilidades se derivan de la existencia de varias sentencias judiciales que reconocen a los saharauis el derecho a residir legalmente en España, una ventaja que no se ofrece a los marroquíes que jamás vivieron bajo jurisdicción española.

El reconocimiento de este derecho era asumido con anterioridad en las subdelegaciones del Gobierno de varias ciudades españolas, pero en los últimos meses se cerró esa puerta en todas partes salvo en Badajoz, cuyos responsables han aprobado de forma sistemática todas las peticiones que cumplían los requisitos con el fin de evitar nuevas demandas judiciales. La red que operaba en Badajoz lo sabía y no dudó en desplazar a la ciudad inmigrantes que estaban viviendo sin permiso en Las Palmas de Gran Canaria, Almería, Murcia o Alicante, donde resulta más complicado el proceso.