El Juzgado de Instrucción número 4 de Badajoz ha ordenado el ingreso en prisión del presunto cabecilla de la organización que se dedicaba a legalizar la situación de ciudadanos marroquíes aprovechándose de las ventajas que ofrece España a los nacidos en el Sahara durante la colonización española. Fuentes cercanas al caso han confirmado que junto al cerebro de la organización también han sido enviados a la cárcel sus dos principales colaboradores, encarcelamientos que fueron ordenados después de que el juzgado que entiende el caso analizara las pruebas presentadas por los agentes y tomara declaración a los detenidos.

En un primer momento el Cuerpo Nacional de Policía dio a conocer la detención de 20 personas, 11 de ellas por infringir la Ley de Extranjería. De los nueve restantes, cinco fueron puestos a disposición judicial, pero sólo ha sido dictada la prisión preventiva contra tres de ellos. Esta privación de libertad afecta a E. M. O. E. I., el supuesto organizador de la trama, que nació hace 35 años en Nuakchott, la capital de Mauritania.

Los otros dos encarcelados serían los marroquíes B. B., nacido en 1967, y A. A., nacido en 1961.

Sospechas en el 2004

Los tres deberán responder de algunos o todos los hechos que motivaron las detenciones, entre los que figuran numerosos delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, falsedad documental y estafa.

Aunque la Policía ha dado a conocer ahora el resultado de la investigación, HOY ya denunció el 5 de noviembre del 2004 la posible existencia de una organización que se dedicaba a facilitar la regularización de inmigrantes.

En aquel reportaje titulado 'Inmigrantes de toda España arreglan sus «papeles» en la ciudad' se hablaba de la enorme afluencia de personas extranjeras llegadas desde distintas zonas de España para regularizar su situación en Badajoz.

Los testimonios publicados revelaban que muchos de esos extranjeros llegaban directamente a viviendas alquiladas por compatriotas suyos que les facilitaban la estancia e incluso asesoramiento, una colaboración que parecía conllevar ciertos abusos.

El primero de ellos, la gran cantidad de extranjeros que utilizaban a efectos legales un mismo piso como lugar de residencia (hasta 80 en algunos casos); el segundo, el abono de hasta 500 euros a la persona que actuaba como intermediario facilitándoles la vivienda y orientándolos en la gestión de la documentación.

Sospechas confirmadas

Aquellas sospechas se han confirmado estos días, puesto que la Policía ha podido determinar que uno de los ahora detenidos tenía alquilados varios domicilios que eran utilizados para empadronar a ciudadanos marroquíes y alojarlos mientras permanecían en Badajoz.

Lo que no se sabía entonces es que los usuarios de esta red eran marroquíes que penetraban en España de forma ilegal tras desplazarse a Gran Canaria a bordo de pateras, un viaje por el que abonaban la cantidad de 500 euros.

Una vez allí eran puestos en contacto con los componentes de la red mafiosa establecida en Badajoz, que les pedían cita en la Subdelegación del Gobierno para entregar sus documentos a cambio de 1.500 euros, cantidad que incluía el acompañamiento en todo el proceso: empadronamiento en la ciudad, obtención de la tarjeta sanitaria, ingreso bancario para acreditar la posesión de medios económicos e incluso obtención de los certificados de penales de Marruecos.

De todos modos, el fraude principal no estaba ahí, sino en hacer creer a las autoridades españolas que las personas que solicitaban el permiso habían sido ciudadanos españoles durante la época de la colonización.

Las fuerzas de seguridad han comprobado que las personas que hacían uso de los servicios de esta red ilegal eran marroquíes, sin relación alguna con las colonias, que presentaban un libro de familia robado a alguna familia realmente saharaui.

Lógicamente, sus nombres no concordaban, pero los detenidos se las ingeniaban para conseguir que un funcionario marroquí certificara la concordancia entre su nombre actual y el nombre que aparecía en el libro de familia sustraído.

Al engaño contribuía el hecho de que los saharauis fueron privados de los apellidos que tenían durante la colonización española cuando Marruecos se hizo cargo de esos territorios.

No es de extrañar por tanto que en los registros realizados en Badajoz fueran encontradas partidas de nacimiento marroquíes en blanco, quince libros de familia saharauis, documentos de concordancia, 17 pasaportes marroquíes y documentación personal a nombre de las víctimas. A todo ello se unían 53 tarjetas de asistencia sanitaria de los Servicios Extremeño y Catalán de Salud.

El jefe de la Brigada Provincial de Extranjería de Badajoz, José Manuel Merino, ha destacado las grandes facilidades que han obtenido los investigadores del Juzgado de Instrucción numero 4 de Badajoz, al tiempo que ha valorado la exquisita colaboración prestada por los funcionarios que trabajan en los organismos que se encargan de atender a los inmigrantes. «La colaboración ciudadana también nos ha sido de gran ayuda», añadió.

Revisión de expedientes

La Delegación del Gobierno en Extremadura se felicitó ayer por el éxito de la investigación y anunció que tanto los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía como los de la Subdelegación del Gobierno en Badajoz analizarán «caso por caso» los expedientes de regularización de todas las personas que se hayan podido servir de la red de inmigración ilegal desarticulada en Badajoz. Para ello se valdrán de los datos encontrados en las viviendas registradas y de las informaciones obtenidas en la investigación.

De este modo pretenden desenmascarar a los inmigrantes marroquíes que se hayan hecho pasar por saharauis para obtener el permiso de residencia de 5 años que se concede en un primer momento a las personas que nacieron en el Sahara durante la colonización española.