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según ha anunciado hoy el ministro de Industria, Turismo y Comercio

El Gobierno estudia eliminar la tarifa de gas para 2008 y la de electricidad para 2011

Los dos anteproyectos, analizados hoy en Consejo de Ministros, modifican la ley del Sector Eléctrico y la de Hidrocarburos

EFE | MADRID

Viernes, 24 de febrero 2006, 01:00

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El Gobierno se propone eliminar las tarifas gasistas y eléctricas en 2008 y 2011, respectivamente, y sustituirlas por tarifas refugio o de último recurso, a las que podrán acceder los consumidores domésticos y algunas pymes, según ha anunciado hoy el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Montilla. Estas medidas, que modifican la Ley del Sector Eléctrico y la Ley de Hidrocarburos, están contempladas en sendos anteproyectos de ley que ha analizado hoy el Consejo de Ministros y que transponen las Directivas comunitarias en esta materia.

El Gobierno ha aprobado también un Real Decreto-Ley para atajar de forma urgente el elevado déficit de tarifas acumulado en 2005 y en lo que va de 2006, y mejorar el funcionamiento del mercado eléctrico mayorista. Esta norma obliga a las empresas generadoras y distribuidoras de un mismo grupo empresarial a suscribir contratos bilaterales para efectuar sus intercambios de electricidad, en vez de hacerlo a través del mercado eléctrico mayorista. Aunque estos intercambios tendrán un precio libre, durante 2006 la Comisión Nacional de la Energía (CNE) sólo contemplará a efectos de liquidación el coste medio previsto en la tarifa, 42,35 euros por megavatio/hora.

El Real Decreto-Ley habilita al Gobierno a restar del déficit de tarifas la parte que las eléctricas han incluido como costes por derechos de emisión, ya que esos derechos fueron concedidos gratuitamente por la Administración. Las eléctricas deberán ingresar en una cuenta gestionada por la CNE el valor de los derechos concedidos para 2005 y 2006, que podría ascender a 1.400 millones. A falta de la certificación definitiva, el déficit de tarifas correspondiente a 2005 asciende a 3.422 millones de euros. Montilla ha explicado que si el déficit se sigue acumulando al ritmo actual podría superar los 5.000 millones de euros a final de año, lo que obligaría a subir las tarifas un 30 por ciento.

Industria ha solicitado a la CNE que investigue el funcionamiento del mercado mayorista, al considerar que la subida de los precios no puede explicarse por factores objetivos. Los anteproyectos analizados hoy por el Ejecutivo trasponen Directivas comunitarias y persiguen avanzar en el proceso de liberalización. Entre las medidas contempladas destaca la supresión de las tarifas eléctricas reguladas, a partir del 1 de enero de 2011, y de las gasistas, en la misma fecha de 2008. No obstante, quedarán unas tarifas refugio o de último recurso a las que podrán acceder los consumidores domésticos y ciertas pymes, y cuyo precio máximo decidirá la Administración.

De forma complementaria, se creará la figura de los Suministradores de Último Recurso, que serán designados por el Gobierno. Durante el periodo transitorio, el suministro de electricidad será competencia de la figura intermedia del Comercializador a Tarifa Regulada. Los dos anteproyectos establecen la separación jurídica y funcional de las actividades de distribución y transporte, por un lado, y de suministro y comercialización, por otro. El plazo para aplicar esta separación será de seis meses en el sector eléctrico, y de doce meses en el gasista. Los anteproyectos reducen hasta el 1 por ciento la participación de las empresas gasistas en Enagás, el gestor técnico del sistema, para reforzar su independencia. Los accionistas que no tengan intereses en el sector del gas podrán mantener hasta un 3 por ciento.

Red Eléctrica de España (REE) y Enagás deberán crear unidades específicas para la gestión y operación de los sistemas eléctrico y gasista. Además, los planes de inversión de las empresas transportistas deberán someterse a autorización administrativa, y se creará un Comité de Seguimiento de la Gestión Técnica del Sistema Energético. En el sector eléctrico se diferenciará la red de transporte primario (400 kilovoltios), competencia de la Administración central, y la de transporte secundario (220 kilovoltios), en la que serán competentes las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas serán también responsables de fijar los precios de las acometidas (conexión entre el distribuidor y el cliente).

Los anteproyectos contemplan la creación de una oficina responsable de los cambios de suministrador y la supresión de las autorizaciones administrativas para los intercambios de electricidad con otros países de la Unión Europea (UE). Omel, el operador del mercado eléctrico, cobrará por los servicios que presta, aunque los precios estarán regulados.

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