Sanidad, educación, y pensión de jubilación. Pero faltaba lo que llaman 'cuarta pata' del Estado del Bienestar que es asegurar el cuidado a las personas que por enfermedad, o su edad, no pueden valerse por sí mismas. Las Cortes tienen ya en su poder la ley que a partir del 1 de enero de 2007 empezará a aplicar ese cuarto derecho, la ley de Autonomía Personal y Atención a Personas en Situaciones de Dependencia.

En su primera año alcanzará a las personas en estado de 'gran dependencia', el nivel 3, y que son 6.711 en Extremadura según adelantó ayer Leonor Flores, consejera de Bienestar Social. Entre el Gobierno y la Junta les garantizarán o un centro donde se les cuidará, o una prestación económica para que se paguen esos cuidados.

Con el reconocimiento a este derecho mediante la ley, se avecina una 'revolución' en los medios de atención a la dependencia, un problema que no deja de crecer en las sociedades occidentales debido a la prolongación de la esperanza de vida: aunque con achaques que necesitan atención, las personas cada vez viven más años.

Liberar a las mujeres

Hasta ahora, como explicó ayer la consejera Flores ante la comisión de bienestar social y cooperación de la Asamblea de Extremadura, el peso de esa atención a mayores o enfermos ha recaído sobre las mujeres de la casa. Un estudio nacional indica que es así en el 85% de los casos.

La nueva ley creará el sistema nacional de atención a la dependencia y tendrán que coordinarse todos los medios oficiales que ahora se emplean como son residencias de ancianos y personas que no se valen, pisos tutelados, centros de día, recursos para enfermedades específicas, atención domiciliaria, etc.

La pretensión es que los beneficiarios reciban atención en su propia casa siempre que sea posible, y para ello percibirán un dinero mensual con el que contratarán cuidadores; pueden contratar al familiar, generalmente mujer, que les asiste ahora, lo que significa que esa persona será dada de alta en seguridad social y percibirá un sueldo. El Gobierno central y las comunidades se han comprometido a poner mucho dinero, 7.000 millones de euros anuales en el horizonte del 2015 que se sumarán a los 2.000 que aportarán los beneficiarios bajo el régimen de copago. Esos 9.000 millones de euros equivalen al 1% de la producción económica (PIB) de España, y significa multiplicar casi por cuatro el dinero que la Administración dedica actualmente a esos fines.

40.000 en la región

En España hay 1.125.000 personas con dependencia grave o severa; necesitan ayuda para vestirse y asearse, para moverse... Otras, en una escala más baja, precisan que les hagan la comida o les limpien la vivienda.

Los tres grados de dependencia incluyen en Extremadura a 40.824 personas en este momento: 6.711 están en el grado tres, que es gran dependencia; 12.876 en el dos que es dependencia severa, y 19.323 en el uno calificado como dependencia moderada. Pero el 'libro blanco' que ha servido de base al proyecto nacional de ley de Autonomía Personal y Dependencia estima que el envejecimiento de la población y los adelantos sanitarios llevarán a que esa cifra aumente hasta 51.620, un 26,5% más, en el año 2020.

La consejera de Bienestar Social, Leonor Flores, explicó ayer en la Asamblea que la Comunidad Autónoma se está preparando para la entrada de la ley que está prevista el 1 de enero de 2007; cuando quede aprobada Extremadura la desarrollará con su propia normativa, pero ya tiene en aplicación, o en preparación, diversas vías de atención.

El sistema nacional de dependencia se implantará de manera escalonada entre 2007 y 2015, de ahí que el primer año llegue sólo a las personas de grado tres que son las que necesitan «ayuda para todo» según describe Nereo Ramírez, secretario social de acción social y migraciones en la ejecutiva regional de UGT.

2.873 empleos

Son 6.711 los dependientes severos en Extremadura y su atención como derecho oficial comportará también un considerable movimiento económico en construcción y equipamiento de centros, suministros de comidas, consultas, afloración de empleo sumergido... El plan nacional posee una estimación del número de puestos de trabajo que se crearán en la región y que son 2.873 entre el 2006 y el 2007; en años sucesivos los efectivos irían aumentando hasta totalizar 7.225 en el 2010 y 15.000 en el año de aplicación total del plan nacional que es 2015.

El sistema estatal-autonómico de ayuda a la dependencia se constituirá como una red de centros públicos y privados, y funcionará mediante convenios bilaterales del Gobierno con las comunidades autónomas. Todas las personas a beneficiar serán evaluadas para determinar su grado de dependencia y qué tipo de atención en concreto necesitan.

Habrá según Leonor Flores una mejora en la calidad de atención que se traducirá en aumento de la intensidad y frecuencia de los cuidados, «que ha de ser especialmente significativa en el caso de la ayuda a domicilio». Debería poder superarse así la situación actual que genera cuellos de botella o demandas excesivas hacia las residencias, por la escasa oferta de centros de día, viviendas tuteladas o ayuda a domicilio de una intensidad suficiente.

La consejera destacó ayer la «valentía» en abordar esta cuestión del presidente Rodríguez Zapatero y de su ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.