Vuelta a la legalidad

El único recurso que le queda al presidente Puigdemont ante la tramitación del 155 en el Senado es salir al paso de su propia sustitución y la del Ejecutivo que preside por quienes designe Rajoy mediante la disolución del Parlamento autonómico y la convocatoria de nuevas elecciones. Eso o hacer frente al Estado constitucional con actuaciones de resistencia que pasarían a formar parte de los supuestos contemplados en la legislación penal. A no ser que el independentismo gobernante decida desistir de todas sus pretensiones, y opte por admitir que el autogobierno de los catalanes sea gestionado desde Madrid. Desde el momento en que la convocatoria electoral se presenta como objetivo principal de la aplicación del 155, el independentismo reacciona en contra de tal supuesto. Sin embargo, la disolución de la Cámara autonómica y su inmediata renovación constituyen la única oportunidad para que Puigdemont y el gobierno de la Generalitat se hagan valer en un plazo tan ajustado, antes del 27 de octubre; momento en el que el Senado procederá a establecer las condiciones de la intervención sobre la Generalitat. Es probable que el partido de Puigdemont, el PDeCAT, prefiera evitar un encuentro con las urnas que remueva las bases electorales de una Cataluña al límite. Pero entre permitir que sea Rajoy quien finalmente convoque nuevos comicios o que sea el actual presidente de la Generalitat quien disuelva la Cámara autonómica, parece evidente que esta última opción es la que aseguraría mejor la continuidad del autogobierno a ojos de los propios independentistas. Siempre que ello no convirtiera las próximas elecciones autonómicas en la enésima cita plebiscitaria, orientada a dividir al país en torno al objetivo secesionista de una república propia. Al empeñarse en desbordar la legalidad, el independentismo institucional se ha visto desbordado a su vez por acontecimientos que ya no controla ni a efectos publicitarios. El desconcierto que proyecta hacia el conjunto de la sociedad catalana no es más que el reflejo de su particular desvarío; de su dificultad para orientarse en medio de una zozobra causada por el anuncio de un estadio pleno de libertad en forma de república independiente. Convocar elecciones o dejar que las convoque Rajoy es la disyuntiva a la que se enfrentan Puigdemont y la alianza de gobierno que comparte con ERC y hasta con la CUP. Es la encrucijada ante la que el independentismo gobernante deberá decantarse para aclarar si prefiere el victimismo que acompaña al 155 u opta por evitar su aplicación.