Urnas frente a la ruptura

La convocatoria de elecciones catalanas el 21 de diciembre por parte de Rajoy limita al máximo la excepcionalidad que supone la activación del 155

La decisión de Mariano Rajoy de disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones autonómicas para el 21 de diciembre reduce al máximo la excepcionalidad que supone la activación del artículo 155 de la Constitución. La puesta en marcha de ese precepto, aprobada ayer en el Senado por una abrumadora mayoría, va orientada a restablecer cuanto antes la legalidad y a devolver la normalidad al autogobierno de una nacionalidad histórica. Disolver la Cámara y llamar a las urnas en el plazo más breve que permite la ley confiere mayor sentido a la destitución del presidente de la Generalitat y todos los cargos del Gobierno, incluido el director general de los Mossos d’Esquadra. Las medidas adoptadas por el Consejo de Ministros en aplicación del 155 son la respuesta que cabía esperar a la declaración unilateral de independencia que ayer votaron 70 de los 135 miembros del Parlamento catalán. La propuesta, de una radical ilegalidad y sin efecto jurídico alguno, anuncia la constitución de «un Estado soberano» en forma de república, cuyo mero enunciado ya ha generado una profunda quiebra social. El independentismo trata de legitimar su declaración como respuesta a la intervención de la autonomía por parte del Estado. Pero ni así puede ocultar que el orden de los factores es el inverso. Ha sido la tenaz burla a las normas democráticas lo que ha desencadenado la iniciativa del Gobierno, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Lo que ayer echó por tierra el argumentario secesionista fue la inmediata convocatoria de elecciones autonómicas. Al día siguiente de que Carles Puigdemont diera cuenta en privado de su propósito de adoptar esa misma medida para evitar la confrontación directa con el Estado, y rectificara de inmediato, Rajoy hizo suyo por sorpresa su calendario. Esta decisión reduce al máximo la provisionalidad en la que se ha visto sumida la comunidad, alivia los recelos de algunos sectores ante una medida tan excepcional como el 155, y devuelve la voz a los catalanes en una convocatoria con todas las garantías.

El derecho a decidir. Quienes ayer simularon dar el primer paso hacia la ‘república catalana’ no tienen ni posibilidades ni tiempo de materializarlo; de continuar utilizando la Generalitat como palanca para remover los cimientos sobre los que se alza la pluralidad de la sociedad catalana. Ahora solo cabe desear que no se resistan a las disposiciones legales a partir de la entrada en vigor del 155 –empezando por los relevos en sus cargos– ni a las resoluciones de la Justicia. Puigdemont llamó ayer a «mantener el pulso» desde «la paz, el civismo y la dignidad». Es el mínimo gesto que cabía esperar de quien ha encarnado la «máxima autoridad del Estado en Cataluña». Gesto que su Gobierno debería secundar haciéndose a un lado. El independentismo más radical puede especular con que, tras provocar la aplicación del 155, la pérdida de su control sobre la Generalitat se verá compensada por la reacción ciudadana en los comicios del 21-D. Puede pensar que, mientras logre cargar la culpa originaria sobre el Estado, sus adeptos aumentarán hasta que la ola secesionista se vuelva aún más imparable en las urnas. Puede estar convencido de que su desalojo del poder es temporal y que lo recuperará con más fuerza. Pero no podrá alegar que se ha conculcado el derecho de los catalanes a decidir por sí mismos. Derecho que podrán ejercitar el 21 de diciembre votando a sus representantes. Con la única advertencia de que el Gobierno que resulte deberá sujetarse a la legalidad.

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