Una trama total

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa especial que se sigue por supuestos delitos de rebelión o sedición, prevaricación y malversación de caudales públicos dentro de las actividades desarrolladas para lograr la independencia de Cataluña, ha ordenado a la Guardia Civil un detallado informe sobre la trayectoria concurrente de las formaciones parlamentarias secesionistas –las marcas de Convergència y ERC, además de la CUP–, de las organizaciones ANC y Òmnium Cultural y de la Asociación de Municipios Independentistas. Todo ello para determinar la supuesta existencia de uno o varios núcleos coordinadores del proceso que, de documentarse, podría extender el ámbito de las posibles responsabilidades penales a dirigentes de esas fuerzas políticas y entidades sociales. Cobra especial importancia, en la pesquisa judicial, la financiación del ‘procés’. La eventualidad de que fondos de la Generalitat hubiesen ido a parar a ANC y Òmnium, y de que parte de los mismos acabara financiando a su vez las necesidades de las formaciones concernidas. Todo parece indicar que se trata de algo más que una conjetura en la actuación del juez Llarena. Aunque hay un aspecto extraordinariamente delicado. Los acuerdos y complicidades entre la entidades señaladas, o entre cada una de ellas y la Generalitat, pueden corresponder perfectamente a la realización de los derechos y libertades de participación política. Aunque ésta estuviese orientada a la consecución de un Estado propio para Cataluña. Será muy difícil deslindar las actividades legales del propósito que pudiera suponérsele a sus promotores cuando están incursos en una investigación judicial de naturaleza penal. Pero, aún así, ha de recordarse que el Estado de Derecho está comprometido en preservar las libertades (todas ellas, incluso la de reivindicar la independencia). Las lindes entre el ejercicio de los derechos políticos y su utilización espuria se ven tan sujetas al parecer del juzgador que siempre se corre el riesgo de cargar contra la primera. Lo justiciable ha de referirse a aquellas actividades que hayan vulnerado la legalidad por sí mismas o por el origen de los medios materiales dispuestos para ello. Pero es verdad que el independentismo se ha empeñado en corroborar que todo es uno.