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Directo Directo | La Veracruz de Badajoz también suspende su salida en procesión

Torra encona el conflicto

La respuesta del Estado al nuevo órdago secesionista no puede ser otra que la que establece la ley, aplicada con rigor

Sábado, 19 de mayo 2018, 23:38

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Quim Torra, cumpliendo seguramente instrucciones de Puigdemont, firmó ayer el decreto de designación de los miembros de su gobierno, que son trece –sólo tres mujeres–, en el que hay nueve caras nuevas y cuatro repetidores: Turull, Rull, Puig y Comín. Estos cuatro están imputados en la causa del 1-O; los dos primeros se hallan en prisión y los otros dos son prófugos de la justicia. El Gobierno, tras asesorarse, había advertido de la ilegalidad de tales nombramientos. Parecía una obviedad, pero había que comprobarla: un radical como Quim Torra, xenófobo y supremacista con obra comprometedora publicada, vinculado a Ómnium Cultural (que llegó a presidir un breve tiempo) y simpatizante del partido Estat Catalá, no fue seleccionado para dialogar con el Estado, ni mucho menos para intentar una negociación y un pacto que resolvieran el contencioso en el marco constitucional. Su nombramiento, decidido por Puigdemont sin el previo consenso de las dos grandes fuerzas nacionalistas, tenía por objeto enconar todavía más el conflicto, acorralar al Estado y forzar una respuesta que, por lógica, ha de ser proporcionada a la magnitud del desafío. Es bien conocido que esta deriva de Puigdemont, que marca un oscuro horizonte a los soberanistas ya encarcelados y ciega completamente cualquier salida política, no cuenta con la aprobación de las cúpulas dirigentes de ERC, que ha hecho gestos expresivos sin atreverse a culminarlos, ni del PDeCAT, postergado por JxCat, un verdadero club de fans del president. El miedo cerval a ser llamados traidores paraliza, a lo que se ve, la capacidad de raciocinio y hasta la dignidad de los compañeros de viaje de Puigdemont. La respuesta del Estado no puede ser otra que la que establece la ley, aplicada con rigor. La intervención de la autonomía al amparo del artículo 155, bien prorrogada, bien restablecida, debe desmontar esta nueva ilegalidad y ha de abrir un dilatado periodo de reflexión en que la iniciativa deje de estar en manos de los revoltosos. Es preciso, por supuesto, que las grandes fuerzas estatales afirmen y mantengan su unidad ante esta prueba que será costosa ya que no hay duda de que van a proseguir las marrullerías de quienes ya han decidido romper definitivamente la baraja y jugarse el todo por el todo al margen del estado de derecho.

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