Sumergidos en un clima de ‘postlegalidad’

Carles Puigdemont ha elaborado un perfecto manual de sedición para quien tenga intenciones, y miles de policías a su cargo, de ponerlo en práctica

Ángel Ortiz
ÁNGEL ORTIZ

LO ocurrido ayer en Cataluña exigirá lecturas muy serenas, reflexivas y responsables por parte de la dirigencia política de este país y su ciudadanía. Pero a la vista de que finalmente sí se celebró el ‘referéndum’ que los separatistas «pudieron tener», como anunciara el domingo pasado en una entrevista con La Sexta el, aún hoy, presidente catalán, Carles Puigdemont, es decir, con censo universal improvisado, sin junta electoral, sin programa de recuento ni las más elementales garantías... A la vista de que miles de catalanes –los que respetan las leyes, independientemente de sus sentimientos, ideología o deseos identitarios– se encontrarán hoy muchísimo más preocupados que ayer, desasistidos por un gobierno autonómico de impresentables, ante el precipicio de una posible declaración unilateral de independencia y no se sabe muy bien hasta qué punto protegidos por un Estado español que finalmente ha sido incapaz de impedir, como Rajoy ha prometido tantas veces, este esperpento de consulta... Teniendo presente que ahora ya es difícil calcular o prever la interpretación que se haga de este proceso en las cancillerías de Europa, después de que todo el mundo haya podido ver en directo a policías retirando urnas o aporreando a ciudadanos y escenas –las más desoladoras y significativas– en las que agentes de la policía autónoma se encaraban con guardias civiles... Y tras comprobar, sobre todo, que los partidos constitucionalistas, representantes de la voluntad de una gran mayoría de españoles, no han sido hábiles, con el Gobierno al frente y el peso del Estado y de la ley, para anticiparse al tremendo desastre de ayer... Atendiendo a todo lo anterior, digo, podemos sacar un par de conclusiones.

La ‘cuestión’ catalana no solo ha sumergido a España en un clima dominado por lo que se ha dado en llamar la ‘postverdad’, uno en el que mentiras interpretadas como verdades sirven para que líderes populistas o políticos sin escrúpulos justifiquen sus tropelías. Este conflicto secesionista ha situado a España en algo muchísimo peor: la ‘postlegalidad’. Me atrevo a definir este concepto como un inquietante ecosistema en el que la ley queda sometida –precisamente por quienes tienen el máximo deber de defenderla y respetarla, es decir, sus arquitectos, los cargos políticos elegidos en las urnas por la ciudadanía– a la feliz interpretación, al voluntarismo o aspiraciones de esos mismos políticos, al cálculo electoral, a supuestos fines o bienes superiores emanados desde instancias supremas, como el derecho natural, los derechos humanos –como si en España no se respetaran– o cualquier otra figura ética o filosófica. Pues bien, esto ha ocurrido cuando, tras torcerle el brazo de la legalidad a todo un Parlament y a la población de una comunidad autónoma, el Estado no recurrió inmediatamente a las herramientas que la propia ley pone a su disposición para defender a la sociedad de quienes perpetraron ese secuestro democrático. Semanas atrás, lamenté y reflejé en una de mis cartas dominicales cómo se había llegado al absurdo de que en España parezca más legal un referéndum impuesto por la fuerza de unos pocos que la aplicación de un artículo, el 155, contemplado en la Constitución precisamente para casos como este. Ayer volvimos a la ‘postlegalidad’ cuando las cargas policiales o los altercados y episodios violentos eran atribuidos –incluso con la incomprensible complacencia del PSC o Pedro Sánchez– a un exceso de violencia de Rajoy, el Gobierno o el Ministerio del Interior y no a los únicos responsables directos: Puigdemont, Junqueras, la CUP, Forcadell... Las fuerzas y cuerpos de seguridad, ante la desleal mirada de los mossos de escuadra, cumplían con un mandato judicial, ejercían la fuerza –proporcional al desafío– para que se cumpliese la ley. Como, por otra parte, se hace cada día en todos los juzgados de España, en sus prisiones, en sus comisarías... Solo que, en este caso, contra un golpe a la democracia cuya llamada a la política y al diálogo se ha demostrado una farsa mayúscula. Ayer quizás Cataluña dio pasos de gigante hacia su independencia. Seguramente porque –también– en el resto del país, al menos en sus territorios no nacionalistas, como Extremadura, lo vivido este domingo se ha sentido como un ataque sin parangón. Queda en el limbo de una Cataluña rota, como mencionaba antes, el futuro de miles de ciudadanos que no quieren separarse de España.

Por todo ello creo que si todavía no se han dado las circunstancias que aconsejen aplicar el artículo 155, nunca se darán. Ya sabemos las consecuencias de no aplicarlo; si el miedo a hacerlo es que traiga otras peores, hay que remarcar que estas en ningún caso serían responsabilidad de quienes hacen uso de la legalidad y procuran mantener su acción política dentro del marco que establece nuestra Carta Magna. En fin, lo vivido ayer ha demostrado hasta qué punto el Estado español ha delegado competencias centrales, incluidas las de su seguridad. También sabemos ya hasta dónde puede llegar todo un Ejecutivo autonómico en una comunidad con cuerpo policial propio sin que sus líderes se bajen del coche oficial. Puigdemont ha elaborado un perfecto manual de sedición para quien tenga intenciones –y miles de policías, claro– de ponerlo en práctica. El PP, el PSOE y el resto de partidos constitucionalistas tienen la obligación de mostrarse unidos e inflexibles en la defensa de la legalidad, sin orillarse en electoralismos ni dúctiles equidistancias –tiempo habrá– porque, en contra de lo que aseguró Mariano Rajoy en rueda de prensa, nuestro estado de derecho no ha demostrado ninguna fortaleza, sino, muy al contrario, una preocupante fragilidad.

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