Una sola causa

El Supremo da el primer paso para asumir toda la investigación del procés mientras el independentismo modula su discurso

El Supremo dio ayer el primer paso para concentrar todas las causas abiertas por el fallido desafío independentista catalán. Antes de decidir al respecto, el magistrado Pablo Llarena pidió información a la jueza Carmen Lamela sobre la investigación que sigue en la Audiencia Nacional contra los ocho exconsejeros de la Generalitat encarcelados y otros encausados. Parece razonable que el Alto Tribunal, que instruye un sumario por presunta rebelión de la Mesa del disuelto Parlamento catalán, acumule los procesos dispersos en varios juzgados sobre unos mismos hechos y por los mismos supuestos delitos. El Supremo es la principal instancia judicial del país, lo que garantiza el máximo rigor jurídico. Entre otras ventajas, la unificación de las causas en él eliminaría cualquier sospecha sobre la aplicación de criterios dispares en materias como la adopción de medidas cautelares, por ejemplo. Los principales encausados que han desfilado por la Audiencia Nacional están en prisión incondicional. Los que lo han hecho por el Supremo se encuentran en libertad bajo fianza, bien es cierto que tras acatar la vigencia del artículo 155 de la Constitución, asegurar que la declaración unilateral de independencia carece de cualquier valor jurídico y comprometerse a actuar dentro del marco legal. Es decir, tras renegar del ‘procés’ y de la ensoñación secesionista a la que empujaron a decenas de miles de ciudadanos de buena fe. ¿Darán ese paso Oriol Junqueras y sus excompañeros de Gobierno, a cambio de su puesta en libertad, antes de presentarse a las elecciones del 21-D? Es evidente que su eventual excarcelación antes de esos comicios permitiría celebrarlos en un clima de mayor normalidad y relajaría la tensión política en Cataluña. Además, despojaría al independentismo de una de las principales bazas de su burdo discurso victimista, plagado de patrañas. Pero no aclararía el oscuro panorama penal al que se enfrentan los impulsores de la mascarada secesionista, que solo ahora parecen darse cuenta de las posibles consecuencias de su irresponsable proceder. El 155, el adelanto electoral y la puesta en marcha de la maquinaria judicial les han desnudado. La república independiente de Cataluña era un castillo de naipes que apenas duró unos minutos en pie. La Generalitat carecía de capacidad para ponerla en marcha, admiten ahora, mientras dibujan esa meta como un objetivo a largo plazo, inalcanzable por la vía unilateral y que requeriría de amplísimas mayorías. Ese giro en su discurso quizás sea un buen arma electoral. Está por ver que dé frutos cuando sean juzgados.

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