Sobre el problema catalán

Al final el distanciamiento se da entre los no protegidos, que conformarían la mayor parte de la sociedad civil, mientras que los incumplidores de la legalidad se encumbran más y más, como ha sucedido: ¡Iban a lo suyo, lo tenían claro! No es responsabilidad en última instancia de quien pide, sino de quien teniendo el poder de «no dar», no ha tenido agallas suficientes para exigir el cumplimiento de la ley

FELIPE GUTIÉRREZ LLERENA

Para Pérez Galdós, fino apreciador de los movimientos históricos de nuestro siglo XIX, la revolución apostólica (1827) en Cataluña fue un salvaje e infame levantamiento a pesar de que «en Barcelona hay liberalismo y cultura suficiente para compensar este salvajismo de la sublevación apostólica». En la actualidad la culta, la europeísta y cosmopolita Barcelona es una incógnita y no quiero pensar que todo era un espejismo. Han pasado casi dos siglos y parece que la historia ha servido para poco. Es cierto, los movimientos revolucionarios han dado lugar a nuevas realidades sociales, pero quienes los defienden no siempre tienen en cuenta los costes sociales producidos en el cuerpo social, pues para ellos la objetivación ideológica es prioritaria; por lo general, quienes los dirigen no siempre sufren y, si triunfan, pasan a disfrutar de prebendas que no llegarán a todos. En las circunstancias actuales no existen, a mi entender, precondiciones para ningún tipo de revolución social, pero la política puede producirse por motivaciones estrictamente ideológicas.

Estos días se han repetido análisis de todo tipo relacionados con el problema catalán. Esto de los problemas suena a terminología de comienzos del siglo XX. Unos están en que lo democrático es votar, pero no reparan en la usurpación que hacen a los demás del derecho que para ellos defienden. Votar sí, pero todos. A lo mejor se llevaban alguna sorpresa los partidarios de la secesión. Votar e impedir que voten los demás es tanto como decir, que ellos son de mejor acero, que su particularidad les lleva hasta a pensar mejor y, por tanto, a decidir mejor. Es una nueva versión del darwinismo en el siglo XXI. Es la negación del principio democrático de la igualdad del voto de todos los ciudadanos. El marco de libertades, el campo de juego y de reglas se reúnen en las constituciones y la nuestra es la Constitución de 1978. En todas se admite el cambio y lo regulan siguiendo lo establecido en ellas. Eso sería lo democrático. Lo demás es un robo de derechos al resto de los ciudadanos, que también tienen derecho a opinar y a decidir.

Es cierto, a mi entender, que ha habido una dejación en el ejercicio del poder por parte de los gobiernos de la nación. Término que es conveniente que reivindiquemos así como el de patria, pues da la impresión como si hubiese una actitud colectiva vergonzante con respecto a estos conceptos que son básicos para la continuidad en la unión del propio cuerpo social. Nos ha perdido el exceso de confianza en el principio de lealtad constitucional, que los nacionalismos periféricos no han cumplido. Pensamos, tal vez ingenuamente, en la lealtad en un tiempo común frente a lo que significó aquel, que lo dejaba todo «atado y bien atado», y cuyo proceder pocos defenderían en la actualidad. No sé cómo lo dejó, pues no parece que lo dejase como dijo, o no sé bien lo que se ha hecho, porque el camino que lleva no parece que vaya a enderezarse fácilmente y no tardando mucho, a mi pesar, cabe la posibilidad de que se vaya al traste. Los gobiernos no han exigido el cumplimiento de la ley ni las sentencias, que son leyes, que protegían derechos de ciudadanos, y si los ciudadanos no son protegidos por los gobiernos para qué los quieren. Al final el distanciamiento se da entre los no protegidos, que conformarían la mayor parte de la sociedad civil, mientras que los incumplidores de la legalidad se encumbran más y más, como ha sucedido: ¡Iban a lo suyo, lo tenían claro! No es responsabilidad en última instancia de quien pide, sino de quien teniendo el poder de «no dar», no ha tenido agallas suficientes para exigir el cumplimiento de la ley. Esta es la cuestión. Si no han cumplido nunca ¿cómo van a cumplir ahora, cuando el Estado es más vulnerable, pues su instrumento, el Gobierno, es más débil y cuestionado? Se le exigirá al Gobierno que deshaga el nudo, pero se le impedirá que lo corte, como hizo Alejandro Magno en Gordium. Y en algunas enfermedades no cabe más opción que la cirugía. Pero ésta es cruenta y hay que intentar evitarla por todos los medios.

Si durante las revoluciones burguesas el proletario empujaba las ruedas del carro de la historia, en Cataluña ahora nos encontramos en una situación similar, pero no es el proletariado quien pone la fuerza y las ganas, sino la CUP en la que confluyen muchos de los hasta hace poco llamaron, despectivamente, ‘charnegos’ y, especialmente, sus descendientes, que son quienes empujan el carro en el que van apoltronados los representantes de la burguesía catalana más genuina, desde los promotores y financiadores de instituciones como ‘Omnium Cultural’ a los miembros del ‘Govern’. Llama la atención de que a pesar de que en Cataluña los primeros apellidos sean García, López, Rodríguez, González, Gómez… como en el resto de España, que no deja de ser un espléndido fondo de saco donde todo se ha mezclado a lo largo de los siglos, señal de que los españoles somos más iguales de lo que algunos dicen, pero en el Gobierno catalán ninguno de sus miembros tiene estos apellidos, circunstancia que es mayoritaria en la CUP, que se presentan como los voceros de una pretendida nueva «revolución de los plebeyos».

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