Sedición

Es muy inquietante que el conflicto catalán haya salido del territorio político para adentrarse de forma cada vez más torpe en ámbito penal, es decir, en el de las infracciones a la legalidad que destruyen el orden democrático y merecen sanción. Esta quiebra se produjo los días 6 y 7 de septiembre, cuando el Parlament abandonó ostensiblemente las reglas y procedimientos del Estado de derecho para lanzarse por caminos situados completamente al margen del principio de legalidad, sin que los promotores del desmán se avinieran a razones ni prestaran oídos a las llamadas a la cordura de las instituciones y la sociedad civil. Desde entonces, los preparativos del pretendido referéndum ilegal del 1-O han sido ostensibles, y, lo que es más grave, las decisiones judiciales tendentes a impedirlo han sido respondidas por la Generalitat con nuevas provocaciones y en la calle con movilizaciones encaminadas a dificultar el trabajo de los agentes judiciales y de las fuerzas de seguridad encargadas de proteger su labor. El miércoles, efectivos de la Guardia Civil se vieron acosados por una muchedumbre que destrozó varios vehículos y sólo pudieron abandonar el lugar por la acción, tardía y desganada, de los mossos d’esquadra. El delito de sedición castiga con elevadas penas a quienes «se alcen pública y tumultuariamente» para «impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes» o para «impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público el legítimo ejercicio de sus funciones…». Una versión más grave de la sedición es la rebelión, que cometerían quienes se levantasen «violenta y públicamente» para «derogar la Constitución (…) o declarar la independencia de una parte del territorio nacional». La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha considerado que las manifestaciones de estos días fueron «tumultuarias» y que las movilizaciones fueron planificadas. Los jueces suelen aplicar restrictivamente estas figuras, que deberían incluir acciones concretas de subversión de la legalidad. De cualquier modo, lo ocurrido es muy grave y quienes incitan desde la Generalitat a la desobediencia y resistencia frente a quienes defienden las leyes cometen una imprudencia que podría ser muy onerosa para la sociedad catalana y para ellos mismos. Pedir cordura no es esta vez una demanda retórica.