El sainete belga continúa

El proceso necesita el chascarrillo internacional para no desmoronarse

El esperpento de la fuga del expresidente Puigdemont y su séquito de exconsejeros prosiguió ayer con la entrega de todos ellos en una comisaría de Bruselas, que se anticipaba a la preceptiva e inevitable detención a consecuencia de la euroorden remitida por la juez Lamela a la justicia belga. Como curiosidad, es digno de mención que los catalanes, que se han desenvuelto hasta ahora en correcto francés, han pedido que su causa se tramite en neerlandés, la lengua flamenca, lo que lógicamente ha forzado la utilización de intérpretes. El juez deberá decidir en 24 horas –antes de las 9:17 de hoy– entre tres opciones: rechazar la euroorden, lo que parece improbable si no existen defectos de forma; mantener a Puigdemont y sus compañeros en prisión provisional mientras la justicia belga decide o dejarlos en libertad bajo fianza o con ciertas restricciones. A continuación, el caso pasará a la Cámara del Consejo, la primera instancia judicial, que tendrá 15 días para decidir, pero el fallo podrá ser recurrido sucesivamente ante la Corte de Apelación y la de Casación, lo cual permitiría a los prófugos seguir en Bélgica hasta bien entrado el año próximo. Lógicamente, la capacidad de maniobra política de Puigdemont y sus colaboradores, incluso la hipotética candidatura del expresidente en las autonómicas del 21-D, dependerá de las condiciones que se le impongan, ya que incluso podría prohibírsele mantener relaciones con los medios de comunicación. El caso permitirá valorar la cohesión política de la UE, ya que Bélgica no tiene un historial brillante en materia de euroórdenes y España ha visto cómo se le negaba por Bruselas la entrega de terroristas de ETA. En este caso, las características de los delitos que persigue la justicia española en un país cuarteado por nacionalismos fuertes hacen que el desenlace del caso sea imprevisible. El lamentable espectáculo que nos brindan, entre mentiras y delirios, estas víctimas de la imaginaria brutalidad española refuerza el histrionismo de un proceso que, tras escudarse en la ilegalidad sistémica, necesita ahora el chascarrillo internacional para no desmoronarse. No puede ser que una mayoría de catalanes no sienta bochorno ante esta representación tragicómica que hunde aún más a Cataluña –y a su atribulada economía– en un descrédito que no merece la sobria ciudadanía del Principado.

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