El Gobierno va con todo

No debe extrañar que el Gobierno haya optado por el control absoluto de la Generalitat, al temer que medidas más parciales sean aún más difíciles de aplicar

El Gobierno acordó ayer elevar al Senado la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con el propósito de tomar el control absoluto de la Generalitat. La propuesta incluye el cese de todos los integrantes del Gobierno autonómico para sustituirlos «por los órganos y autoridades que cree a tal efecto» y plantea la convocatoria de elecciones en el máximo de seis meses. La mayoría absoluta que el PP mantiene en la Cámara alta y la sintonía que Mariano Rajoy ha labrado con el PSOE y con Ciudadanos aseguran su aprobación, sujeta formalmente a las alegaciones que presente el presidente Puigdemont a una iniciativa que desaloja a Junts pel Sí del puente de mando de la Generalitat. La decisión del Consejo de Ministros se produjo horas antes de que una multitudinaria manifestación, encabezada precisamente por el Gobierno Puigdemont, recorriera las calles de Barcelona reclamando la libertar de los dirigentes de la ANC y de Òmnium Cultural. A nadie debería extrañar que Rajoy haya optado por ir con todo en la aplicación del 155, consciente de que le será más fácil devolver así el autogobierno de Cataluña a la legalidad que con medidas más parciales. Posiblemente, un 155 blando hubiese podido encajar inmediatamente después de las fatídicas sesiones del 6 y 7 de septiembre en las que el Parlamento catalán aprobó, saltándose todas las normas, las leyes del referéndum y de transitoriedad hacia la república. El Gobierno central toma el mando de la Generalitat, hasta el punto de que fiscalizará las proposiciones de ley que se pretendan debatir en el legislativo autonómico, a través de una autoridad con poder para impedir su tramitación en caso de que vulnere lo establecido en el 155. Lo lógico sería que esta atribución fuera asumida por el poder judicial. En cualquier caso, el plan remitido a la Cámara alta no precisa el modo en que el Ejecutivo hará efectiva la intervención de la autonomía catalana, que previsiblemente se irá revelando paso a paso. Aunque es posible que se vea obligado a adelantar medidas que no requieran de la aprobación previa del Senado para, en su momento, facilitarla; tanto en el ámbito de las finanzas públicas como en cuanto a la seguridad que requerirá Cataluña si se produce un desistimiento por parte de los responsables policiales de garantizarla.

NORMALIDADDEMOCRÁTICA. La reacción de Carles Puigdemont discurrió en términos muy duros, intentado situar a España fuera de la democracia y enviando, por enésima vez, un mensaje a una Europa que le ha vuelto la espalda. El presidente de la Generalitat remitió su respuesta política a un pleno de la Cámara catalana, que se celebrará antes de que el Senado sancione el artículo 155 de la Constitución, previsiblemente el viernes. Sería una nueva irresponsabilidad que los dirigentes de la Generalitat utilicen la sesión parlamentaria para formalizar la declaración unilateral de independencia. Puigdemont debe de ser consciente de que no tendrá oportunidad más propicia para encontrar una salida a esta gravísima crisis y también de que todo paso adelante aumenta el riesgo de una confrontación civil. Asimismo, las posturas críticas con la iniciativa del Gobierno han de mantenerse dentro de los cauces de la normalidad democrática, para lo que es imprescindible que en el ámbito partidario se eviten expresiones como la de golpe de estado para referirse a una previsión plenamente constitucional.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos