Prevenir lo peor

El artículo 155 supone el control ejecutivo en ámbitos donde la administración autonómica sea contraria a cumplir la ley

La suspensión, por parte del Tribunal Constitucional, de la Ley de Transitoriedad independentista fue saludada ayer por los responsables del Gobierno de la Generalitat con la desafiante advertencia de que solo obedecerán al Parlamento de Cataluña. Las instrucciones que la Fiscalía General del Estado transmitió ayer, y por escrito, a los Mossos d’Esquadra –junto a la Policía Nacional y a la Guardia Civil– recordándoles que la obediencia debida a sus responsables políticos «no podrá amparar órdenes que entrañen la ejecución de actos contrarios a la Constitución», e instándoles a «intervenir los efectos o instrumentos destinados a preparar o celebrar el referéndum ilegal», son extensivas a todos los funcionarios públicos. Sin embargo, la actitud que siguen manteniendo los responsables de la autonomía catalana y los dirigentes de partidos y entidades secesionistas ante el 1 de octubre obliga a contemplar la eventualidad de que no se atiendan las resoluciones del TC y se pretenda mantener el pulso hasta el final con la complicidad, activa o pasiva, de quienes tienen como cometido velar por el cumplimiento de la legalidad y de las resoluciones judiciales. La intervención de los poderes centrales del Estado constitucional ha de ser la mínima indispensable para impedir la celebración del referéndum rupturista. Pero su magnitud depende de la mayor o menor obstinación con que el independentismo institucional persista en su empeño. Es en este punto donde surge la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución, cuyo contenido no presupone –como a veces se da a entender– la anulación del autogobierno en su conjunto, sino el control ejecutivo sobre aquellos ámbitos de la administración autonómica en los que ésta se muestre renuente o contraria al cumplimiento de la Ley en aspectos cruciales. Desde el punto de vista del procedimiento requerido para la aprobación de una medida tan excepcional, al Gobierno le bastaría con la mayoría absoluta del PP en el Senado para hacerla valer. Pero, partiendo de que lo deseable es que la inercia secesionista no aboque a ello, lo óptimo sería que tal supuesto se sostuviera sobre la base de una amplia coincidencia entre el PP, el PSOE y Ciudadanos.

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