El PSOE acusa a Cifuentes de pagar la defensa de investigados en 'Lezo'

Cristina Cifuentes./J.J. Guillén (Efe)
Cristina Cifuentes. / J.J. Guillén (Efe)

«¿Están pagando abogados o comprando silencios?», preguntó Juan Segovia en el pleno de la Asamblea tras desvelarse la noticia

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

La Comunidad de Madrid paga la defensa a exdirectivos del Canal de Isabel II implicados en el 'caso Lezo'. La noticia, desvelada por este periódico la semana pasada, retumbó este jueves con fuerza en el pleno de la Asamblea de Madrid. El diputado socialista Juan Segovia acusó a la Administración regional, perjudicada en este procedimiento que se instruye en la Audiencia Nacional, de pagar la defensa de la ex directora financiera María Fernanda Richmond, en prisión preventiva bajo fianza de cuatro millones de euros; el exgerente Adrián Martín, en libertad bajo fianza de 100.000 euros; y el exdirector de la secretaría técnica Fernando de Cevallos, que declarará en el juzgado de la Audiencia Nacional el 18 de septiembre. Los tres fueron despedidos en junio del 2016 por el presidente del Canal, Ángel Garrido, consejero de Presidencia, por las «anomalías» detectadas en la compra por parte de Inassa de la brasileña Emissao. Dicha operación fue aprobada por Canal Extensia, sociedad del Canal para los negocios en Iberoamérica, en la que participaron tanto Richmond como De Cevallos, marido de la diputada Plañiol, exconsejera en el último Gobierno de Esperanza Aguirre.

Esta operación está en el centro de la investigación por un presunto desfalco de 23,3 millones a la empresa de la Comunidad de Madrid, la misma que ahora les paga la defensa a través de una póliza privada. Las citadas fuentes del Canal señalaron que el seguro de responsabilidad civil para empleados existe desde 1995 y es un tipo de póliza privada habitual en las empresas públicas para proteger a sus directivos y administradores por actos que comentan en el ejercicio de sus funciones, y aunque ya no estén en el cargo. Esta póliza, precisaron las mismas fuentes, no cubre fianzas penales de los investigados y si estos resultasen declarados culpables en sentencia firme «tendrían que abonar todos los gastos de defensa ocasionados a la empresa aseguradora, que es quien los paga».

"¿Están pagando abogados o comprando silencios?", se preguntó Segovia. "¿Siguen siendo trabajadores del Canal o están protegiendo a personas que no trabajan para él?", preguntó el diputado socialista, quien ha hablado de una "extraña maniobra" realizada por el Gobierno de Cristina Cifuentes. Se refería Juan Segovia a la póliza de responsabilidad civil que ampara a altos cargos y funcionarios con problemas legales por actos que tengan lugar en el ejercicio de sus funciones. Y en el caso de la 'operación Lezo', que cuenta con unos 60 investigados, 19 de ellos forman parte de la pieza primera, referida al presunto desvío de dinero público en la expansión del Canal en Sudamérica.

De esta lista de encausados, que incluye a personalidades como el expresidente de la Comunidad de de Madrid Ignacio González o al expresidente de Inassa (filial del Canal en Colombia) Edmundo Rodríguez Sobrino, ambos en prisión sin fianza desde el 19 de abril, se encuentran tres investigados que han ejercido su derecho a la asistencia letrada que les facilita la Ley 3/1999 y cuyas solicitudes visa la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, dependiente de la Consejería de Presidencia y Justicia.

El consejero de Presidencia y Justicia, Ángel Garrido, ha negado que la Comunidad pague la defensa de ninguno de los imputados en 'Lezo'. "Va en contra de nuestra estrategia judicial", ya que están personados en la causa como acusación particular. "No estamos pagando absolutamente nada", se defendió Garrido, quien ha indicado que hay un convenio con la Abogacía General para la asistencia jurídica de toda la plantilla del Canal "siempre y cuando no haya conflicto de intereses".

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