La Política

CARTA DEL DIRECTOR

Los problemas políticos tienen respuestas políticas mientras no se recurre al delito, pues en tal caso el Estado se protege usando un lenguaje más objetivable, rígido y necesariamente ciego

Ángel Ortiz
ÁNGEL ORTIZ

UNA de las cosas que más me traen de cabeza estos días es el manoseo al que está siendo sometida la palabra ‘política’. La cuestión catalana es un problema político que necesita soluciones políticas, se repite. «Política de altura», especificaba el inhabilitado Artur Mas.

«Esto desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política», añadía el exconseller Santi Vila. En esencia, expresiones como esas vienen a significar que la cuestión catalana es un problema social que necesita soluciones sociales.

Y la política no es otra cosa que el modo como las sociedades humanas deciden cómo se organizan para sobrevivir y, a ser posible, prosperar. La política no es más que una herramienta humana para lograr y extender el bien común. Hasta ahí de acuerdo.

El problema surge porque con frases como las anteriores se sugieren tres falacias. Una, que a la cuestión catalana no se le están dando respuestas políticas, pese a que desde hace años no se hace otra cosa. Dos, que toda respuesta política es buena y la que no es política no, como si los políticos fuesen infalibles.

Y tres, que las soluciones políticas son incompatibles con las judiciales, cuando precisamente el sistema judicial –más o menos independiente y ordenado, según las épocas y los territorios– es una parte medular de cualquier sistema de organización social, de cualquier sistema político.

Veamos. Respecto de lo primero, hace más de cuarenta años que en España se aplican soluciones políticas al ‘problema’ catalán. Pero no perdamos de vista un detalle: unos ven el ‘problema’ en que Cataluña no quiere seguir en España, otros en que no quiere seguir como hasta ahora y otros en que más de la mitad de los ciudadanos, que se sienten tan catalanes como españoles, llevan lustros excluidos o ninguneados por los gobernantes separatistas.

Como no hay unanimidad en la definición del ‘problema’, se hace difícil hallar la respuesta adecuada. Eso nos lleva a la segunda falacia, ya que a lo largo de los años ha habido muchas ocasiones en las que se ha comprobado que la política no acierta siempre. Por exceso o por defecto. Por ejemplo, políticamente se ha menospreciado –y combatido escasamente– la dinámica constante de insumisión e insulto a la democracia ejercida por las fuerzas y líderes del independentismo. Un detalle.

En enero de 2016 Puigdemont sustituyó a Mas al frente del Ejecutivo autonómico con una fórmula que obviaba al Rey, el jefe del Estado, y la defensa de la Constitución como es preceptivo. Le preguntó Carmen Forcadell, presidenta del Parlament, si prometía «cumplir lealmente las obligaciones del cargo de presidente de la Generalitat con fidelidad al pueblo de Cataluña representado en el Parlamento». Sí, prometo, dijo.

¿Cuál fue la respuesta política? El ministro de Interior, presente en el acto, no aplaudió. Y ya está. Nadie debería extrañarse de que las cosas luego hayan llegado al punto de desobediencia que han llegado si en este país un presidente autonómico puede asumir sus responsabilidades como le parezca.

Y por último, lo más importante: la Justicia forma parte, como la separación de poderes, el sufragio universal o el Congreso de los Diputados, del marco político que se da a sí misma una sociedad. La política crea el Estado y la Justicia forma parte del Estado. Es pues compatible –y adecuado– que una medida del Ejecutivo, la aplicación del artículo 155 en este caso, aprobada por el Senado –el poder legislativo– se solape con acciones judiciales como las causas contra el Govern, el mayor de los mossos o los jordis.

Estos señores, recordemos, no están siendo acusados por hacer política, sino por dinamitar voluntaria e insistentemente ese marco de libertades, derechos y deberes que tanto sacrificio costó construir. ¿Construir con qué? Con ‘política’. Resumiendo, los problemas políticos tienen respuestas políticas mientras no se recurre al delito, pues en tal caso el Estado se protege usando un lenguaje más objetivable, rígido y necesariamente ciego, pero no por ello ajeno a la ‘política’: sí, señor Vila, el lenguaje de los juzgados. Había que haberlo pensado antes.

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