¿A qué penas se enfrentan los procesados por rebelión en Cataluña?

Del 'procés' a procesados y del Parlament a prisión. Así está ahora la cúpula secesionista. Es decisión del juez Pablo Llarena y lo argumenta en un auto en el que sostiene que el 'procés' estaba organizado y orquestado  Cada cual con su papel. Todos ellos, ahí los ven, están procesados por rebelión. Un delito con penas de hasta 25 años de cárcel. Aquí está Puigdemont y miembros de su Govern porque, según el juez, ellos intentaron llevar a Catalunya fuera de las vías legales. Destinaron, además, dinero público para lograr ese fin. Esto es malversación, que sumado al delito la rebelión, hace que 9 procesados. Entre ellos Puigdemont y Junqueras, se enfrentan a penas de hasta 30 años. El juez entiende que los procesados por rebelión vayan a la cárcel como medida cautelar. Sobre todo, por riesgo de fuga. Como ejemplo Puigdemont o Rovira.  Considera el juez que todos ellos, participaron en tres fases.  Por un lado, enfrentarse y rebelarse al Estado. Por otro, movilizar la calle con violencia. Y, mientras, aprobar leyes en el Parlament para separarse de España desobedeciendo a los Tribunales y saltándose la ley, con una declaración unilateral de independencia. También están procesados por los mismo delitos la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell,  y Marta Rovira, número 2 de Esquerra y ahora fugada en Suiza. Según Llarena, tuvo una participación esencial durante todo el proceso. Se mantiene la prisión provisional para Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. A ellos, señala especialmente el juez Llarena por rebelión y por incitar a la violencia. No sólo en estos actos de 20 de septiembre en el registro a la secretaría de Hacienda, también las protestas en la calle y las cadenas humanas el 1 de octubre. Sobre el referéndum, sostiene Llarena que, tres días antes, los Mossos, en una reunión a Puigdemont, Junqueras y Forn, avisaron del riesgo de incidentes violentos y ellos sigueron adelante.  Entiende el juez, además, que la estrategia independentista no ha muerto con la aplicación del artículo 155 de la Constitución y que sigue "latente" y cada vez con "mayor nitidez". Según el instructor, la "estrategia criminal" está pendiente de reanudación una vez que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas".