El nuevo ardid de Puigdemont

EDITORIAL

El presidente de la Generalitat evita por ahora el salto al vacío entre apelaciones al diálogo, pero sin renunciar a la independencia

Carles Puigdemont concluyó ayer que los resultados del 1 de octubre dan derecho a Cataluña a acceder a una república propia para, a continuación, proponer al Parlamento autonómico la suspensión de los efectos de tal declaración. Mientras tanto, ofrecía «un tiempo para dar la oportunidad al diálogo». El presidente de la Generalitat renuncia, por el momento, a proclamar la independencia, aunque la reivindicara como un objetivo a corto plazo. Aplaza un suicida salto al vacío que tan abismales grietas ha abierto en la sociedad catalana, pero sin renunciar a dar ese paso en cuanto lo crea oportuno. Su confuso pronunciamiento no debería conducir a falsas ilusiones porque en ningún caso corrige el relato que sostiene el independentismo en la ruptura con el Estado constitucional, y que quedó explicitado en la declaración rubricada posteriormente, fuera del Pleno, por los 72 diputados separatistas proclamando la república catalana. El discurso de Puigdemont en el Parlamento no fue un acto de generosidad; si acaso, de obligada prudencia. Y de implícita impotencia. Puigdemont soslayó que la preocupación internacional generada se debe a la testarudez independentista y a su desprecio de la ley. Y desdeñó el revés que supone a su desafío la salida de Cataluña de las sedes de muchas e importantes empresas. Tiene todo el sentido común su insistencia en rebajar la tensión reinante. Pero está por ver si su mensaje aparentemente conciliador, plagado de apelaciones al diálogo, refleja un deseable gesto de responsabilidad o un ardid ya amortizado si la Generalitat no regresa al campo de la legalidad. Y no invita a pensar que vaya a hacerlo el compromiso con la secesión que sellaron anoche el presidente catalán, todo su Gobierno, los parlamentarios que le apoyan y la CUP, a la que apenas duró unos minutos su decepción con el discurso de ayer. La farsa de suspender ‘motu proprio’ una norma, la Ley de Transitoriedad, suspendida con anterioridad por el Tribunal Constitucional, denota la tenacidad con la que el independentismo sigue aferrándose a un horizonte próximo de secesión. Aunque Puigdemont apelara al diálogo y a la mediación, estos solo son posibles dentro del marco jurídico vigente, y en ningún caso haciendo tabla rasa de la Constitución y del Estatut. Aunque se esforzara en mostrarse receptivo, la disposición al entendimiento es una simulación si lo único que se pretende es allanar el camino hacia la independencia.

La respuesta del Gobierno. Puigdemont evitó una proclamación irreversible de independencia; sin duda, porque una parte del independentismo ha tomado nota de lo que representa la huida de empresas o de la masiva manifestación del domingo en contra de la ruptura con España. Pero, a pesar del alivio momentáneo que suscita esa postura, no hay nada que agradecerle cuando ha sido él uno de los principales promotores de la preocupante escalada de la tensión en Cataluña. La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría descalificó anoche la alocución de Puigdemont y anunció para hoy un Consejo de Ministros extraordinario, que abordará «los próximos pasos» ante el desafío secesionista. Una respuesta que esperan con impaciencia millones de ciudadanos, que será observada con lupa por la comunidad internacional y que debería contar con el máximo consenso político posible. Sobre Mariano Rajoy y los grandes partidos recae la responsabilidad de estar a la altura de un momento histórico.

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