Una intervención provocada

El tiempo se agota para que la Generalitat evite la aplicación del 155 regresando a la legalidad antes de que el Senado lo apruebe

Cabe pensar que Moncloa intenta apurar todas las posibilidades para minimizar los costes que la crisis de Estado desatada por la apuesta independentista suponen para la convivencia ciudadana, para la credibilidad de las instituciones y para la solvencia de una economía –la catalana– clave en el conjunto del país. El Gobierno puede verse obligado hoy a poner en marcha la tramitación parlamentaria del 155, con un conjunto de medidas que en principio parezcan reversibles. Pero sin la seguridad de poderlas hacer realmente efectivas, ni la garantía de que con ellas el autogobierno catalán regrese a la senda de la legalidad de manera duradera. El independentismo gobernante se aprovecha de la incertidumbre que genera en tanto que no se hace responsable de sus consecuencias. Diseña un esquema de transición hacia la república propia que no solo deja de lado el sistema constitucional vigente, sino que además bosqueja un régimen ideado para el unanimismo secesionista. Por eso resulta hasta cínico instar a Rajoy a que ofrezca una solución, cuando mientras tanto el independentismo se empeña en tapiar todos los resquicios para una hipotética salida a tan intrincado laberinto de pasiones encendidas e incapacidades políticas. Es ya general la convicción de que si el juego desatado en forma de espiral no se detiene, Cataluña puede precipitarse al vacío de la división interna y de la incomprensión exterior. Un riesgo que solo podría sortearse con un gesto de valentía y responsabilidad por parte de quienes gobiernan la Generalitat: cuando menos dejar las cosas como están para que no empeoren. Pero si las horas que restan para la conclusión del Consejo de Ministros de hoy son desaprovechadas, a la espera de que la decisión de tramitar el 155 cargue de nuevo de razones el victimismo secesionista, la confrontación institucional se agravará hasta límites insospechados. Sobre todo si la Generalitat opta por acomodarse en la oleada de ‘reacciones populares’ que, a la vez que estimula, le sirven de argumento para apelar a la existencia de un mandato ciudadano inexcusable.

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