IMPERA LA LEY

Ángel Ortiz
ÁNGEL ORTIZ

A nadie le cabe la menor duda de hasta dónde son capaces de llegar los dirigentes independentistas catalanes con tal de alcanzar sus objetivos. Mienten, delinquen, manipulan, malversan, amenazan. Secuestran en un clima de inseguridad jurídica a todos sus conciudadanos que no respaldan sus acciones. Los usan como escudos humanos frente a quienes, desde el respeto a la verdadera democracia y el imperio de la ley -o sea, el Gobierno y los partidos constitucionalistas-, solo pueden contener y aplastar esta rebelión aplicando escrupulosamente aquello que dicta la ley. Con los plazos y procedimientos que dicta la ley. Desde que Rajoy activa el artículo 155 hasta que su decisión surta efectos prácticos, Puigdemont, Junqueras y compañía podrían independizarse cuatro veces.

Esa enorme asimetría normativa y moral, con unos respetando sin rechistar cada falta que pita el árbitro y otros pasándose el balón con la mano y poniendo zancadillas hasta al juez de línea, es el primer y más importante de los desafíos de esta profunda crisis social, económica, institucional y política. Rajoy ayer lo resolvió en toda su crudeza, pero con el apoyo de más del 70% de los escaños del Congreso. Como aseguraba Vara en una red social: «Los que decidieron salirse de la ley sin medir las consecuencias han recibido un choque de realidad. Dentro cabe todo, fuera sobra todo». El segundo desafío es que una parte de la sociedad, importantes medios de comunicación y la opinión pública internacional -no así sus gobiernos- han comprado falacias sobre este conflicto del tamaño de Australia. Ante la pasividad o la nula anticipación del Gobierno y todos sus resortes de poder. Lo que ha derivado en estrambotes como la equidistancia que algunos adoptan entre el presidente del Gobierno y el 'president', todavía, aunque por poco tiempo, primera autoridad del Estado español en Cataluña. Como ese manoseado diálogo que todo lo debería calmar y resolver. Un engaño mayúsculo según se va comprobando, pues nada indica que el nacionalismo separatista vaya a resituarse en un marco de legalidad, imprescindible para cualquier entendimiento. Como los pobres «presos políticos», esos 'jordis' encarcelados por la Audiencia Nacional, 'almas cándidas' con las que, a tenor de lo que algunos prestigiosos opinadores sugieren, la vicepresidenta debería sentarse en una mesa. Para negociar. Ha derivado en mentiras como la cifra de más de 800 falsas víctimas de los disturbios de 1-O. Como la presunta violación de los derechos humanos que denuncia un deplorable vídeo difundido por la asociación Omnium. Como el trato entre iguales que concede mucha prensa extranjera a 'Spain' y 'Catalonia' cuando informa del asunto. Ha propiciado espectáculos como la escena del mando de mayor rango de los mossos, Trapero, recibido con cuatro minutos de aplausos tras ser imputado por sedición y quedar en libertad sin pasaporte.

Con la activación del 155 los esfuerzos en ese terreno tendrán que doblarse. Porque además el ecosistema de partidos de Podemos se ha situado definitivamente del lado de la secesión y la sedición. El tercer desafío es gestionar algo de lo que ya he hablado en más de una ocasión: las bolsas de tensión, indignación y rabia que van acumulándose en el resto del país. También en Extremadura. Por ejemplo, el boicot a los productos catalanes no es un acto racional, sino una reacción emocional -previsible si nos atenemos al modo como la dirigencia catalana ha abordado el proceso separatista- que acabaremos pagando entre todos con dinero y sacrificios. Así lo abordamos el domingo pasado en nuestras páginas, con un reportaje titulado 'El empresariado extremeño alerta del boicot a los productos catalanes'. Resulta que un famoso productor de televisión catalán, Antoni Soler, cuyo mayor éxito ha sido el programa de humor 'Polònia', compartía en Internet ese artículo mofándose de él con un breve comentario en catalán, 'Em pixo', 'Me meo' en castellano. Eso es lo que no se soluciona pronto. Ni con todo el dinero del mundo.

El Gobierno, PP, PSOE y Ciudadanos, como garantes de la restitución del estado de derecho en Cataluña a través de una firme propuesta de aplicación del artículo 155 (una suerte de botón nuclear que permite a Moncloa controlar el Ejecutivo y poner bajo vigilancia al Legislativo, el Parlament) calmaron en buena parte ese clima de creciente ansiedad y frustración. Por suerte, al final apareció la política.

Fotos

Vídeos