Gobierno de legalidad

Las elecciones catalanas han vuelto a conceder la mayoría absoluta del Parlamento a las fuerzas independentistas con un resultado que está avalado por una amplísima participación ciudadana. Era la posibilidad que más presente estaba en las encuestas. Pero no por ello deja de ser chocante, para muchos catalanes y para muchos españoles, que quienes condujeron las instituciones de la Generalitat a un callejón sin salida hayan visto revalidada su posición al frente de las mismas, aunque algo más de la mitad de los votantes se inclinara el jueves por opciones contrarias a la ruptura. La primera obligación que han de afrontar las siete formaciones con representación parlamentaria es dotar a Cataluña de un Gobierno estable que actúe dentro de la legalidad vigente, sea cual sea su composición y los objetivos últimos de sus socios. Es una tarea que no puede eludir el independentismo en el caso probable de que Junts per Catalunya y ERC alcancen un pacto de gobernabilidad. Esa responsabilidad recae especialmente en quienes pueden lograr que la normalidad haga innecesaria la continuidad del 155. Dotar de estabilidad al Ejecutivo resultante de las urnas y actuar según las normas legales significa, de entrada, algo muy claro: que el cabeza de lista de la primera fuerza independentista y candidato a la presidencia de la Generalitat, Carles Puigdemont, deberá atenerse a las circunstancias judiciales que le rodean como investigado por el Tribunal Supremo sin que ello dilate o contravenga la puesta en marcha de las instituciones autonómicas. El resultado electoral no atenúa la gravedad de las imputaciones que pesan sobre él ni le exime de personarse ante la Justicia cuando regrese a territorio nacional de su autoexilio en Bruselas. Es cierto que nos encontramos ante un conflicto institucional sin precedentes. Pero su resolución no puede ser otra que la que adopte el Supremo tanto en el caso de Puigdemont como en el de los demás investigados que han resultado electos el 21-D. La eventual incomparecencia de alguno de ellos en el Parlamento autonómico tampoco debería afectar a su funcionamiento ni alterar el sentido del voto emitido por los ciudadanos, aunque ello conlleve sustituciones dentro de las dos listas afectadas por la instrucción judicial.