Gobernar por decreto

La parálisis que atenaza al Gobierno por su precaria minoría parlamentaria lleva camino de arruinar toda la legislatura. De hacerla inservible, sin el menor atisbo de encauzar las múltiples reformas que necesita el país y condicionada por el endiablado puzle catalán. El calendario empieza a asfixiar al Ejecutivo de Rajoy al no vislumbrarse en el horizonte la aprobación del Presupuesto del presente año y existir dudas más que razonables sobre el de un 2019 electoral cuya cercanía previsiblemente empujará más a los partidos a propinarse patadas que a alcanzar acuerdos. La prórroga ‘sine die’ de las Cuentas de 2017, ahora vigentes, es un escenario del todo indeseable, aunque para nada descartable por la patética soledad del PP, que ya lo baraja para resistir en la Moncloa aunque tenga las manos atadas para aprobar cualquier proyecto. Aplicar a golpe de decreto-ley los principales ejes de los Presupuestos del presente año si siguen bloqueados en abril, como ha insinuado el Ejecutivo, quizás le permita resucitar en las encuestas. Pero solo añadiría excepcionalidad a una situación ya de por sí anómala. Además, nada garantiza el éxito de sus iniciativas. Los decretos-leyes han de ser justificados por razones de urgencia y convalidados posteriormente por el Congreso. Y ahí el Gobierno topará con los mismos obstáculos que le impiden sacar adelante las Cuentas: su encarnizado enfrentamiento con Ciudadanos, un supuesto socio que ahora ejerce como el auténtico ariete de la oposición, y el bloqueo en Cataluña, que le impide apoyarse en el PNV por el mantenimiento del 155. Es cierto que esa fórmula pondría entre la espada y la pared a las fuerzas políticas, que habrían de elegir, por ejemplo, entre dar el visto bueno a una pírrica subida del 0,25% de las pensiones o dejarlas congeladas en los niveles fijados por el Presupuesto de 2017. Pero gobernar un país en minoría y a golpe de decreto durante meses es un descomunal despropósito del que nada bueno puede surgir y que casa mal con una democracia parlamentaria normalizada. Si no fuera por que la atascada crisis de Cataluña desaconseja abrir cualquier frente susceptible de generar inestabilidad, el adelanto de las elecciones generales sería la salida más lógica. Descartada por ahora esa opción, el más elemental sentido de la responsabilidad aconseja un acuerdo para aprobar un Presupuesto que encarrile la recuperación económica. Solo el egoísmo de los partidos puede impedirlo.