Firmeza real

EDITORIAL

El jefe del Estado emplaza a los poderes del Estado a actuar sin demora frente al desafío independentista en Cataluña

En una intervención sin precedentes desde el inicio de su reinado, plenamente justificada por lo que él mismo denominó como «situación de extrema gravedad», Felipe VI irrumpió ayer con un mensaje de firmeza, y también de esperanza, en el tempestuoso escenario político desatado tras el referéndum ilegal para la independencia de Cataluña. El mensaje del Rey al conjunto de los españoles tuvo la contundencia y la claridad que requieren la ceguera de un secesionismo atrincherado en la burla a los principios básicos de un Estado de Derecho, que ha empujado al país a un callejón de difícil salida y ha colocado a Cataluña al borde del caos. El jefe del Estado alertó sin subterfugios sobre la «deslealtad inadmisible» hacia el sistema democrático por parte de Puigdemont y sus aliados en la aventura separatista, a los que acusó de fomentar la división en la sociedad catalana y de un «inaceptable intento de apropiación de las instituciones históricas» de esa comunidad. Frente al inquietante panorama que ha dejado tras de sí el 1-O, más preocupante conforme pasan las horas, el monarca recordó a los «legítimos poderes del Estado» que es su «responsabilidad» asegurar el orden constitucional en Cataluña –violentado de forma repetida por el independentismo– y la vigencia del Estado de Derecho. Unas palabras que no parece exagerado interpretar como un emplazamiento implícito al Gobierno a utilizar cuantos resortes estén a su alcance, en el marco de las leyes, para garantizar los derechos y las libertades que la Carta Magna otorga a los ciudadanos de toda España, también a los catalanes. La efervescencia independentista en Cataluña se convirtió en problema de Estado cuando el Gobierno de la Generalitat se puso en cabeza del secesionismo en la Diada de 2012. En estos cinco años, el abismo entre una concepción constitucional de la convivencia y la perspectiva de la ruptura unilateral ha ido aumentando hasta derivar en una situación aparentemente irresoluble. Lo que era, sin duda, un problema de Estado se ha convertido en un drama que afecta a la coexistencia entre sensibilidades diferentes en Cataluña, que estremece al resto de España. La clave de bóveda de la secesión es la huida hacia delante en la que se han visto comprometidas miles de personas de buena fe que, de pronto, perdieron ese mínimo de sentido crítico que es consustancial a la democracia para alinearse en las filas de la república propia.

Acosos intolerables. El presidente Rajoy ha desplegado desde 2012 una actitud impasible, seguro de que las cosas no irían a más. Han ido a más a su pesar, y resulta explosiva la sola eventualidad de que el futuro del país se dirima entre una declaración unilateral de independencia por parte de las instituciones catalanas y la aplicación más estricta del artículo 155 de la Constitución. La jornada de huelga general convocada ayer en Cataluña contra la actuación policial el 1-O evidenció la capacidad de movilización del independentismo y contribuyó a elevar las alarmas sobre las corrientes profundamente antidemocráticas que se anidan en sectores minoritarios de la sociedad catalana. El intolerable acoso a policías y guardias civiles desplazados a Cataluña, los escraches frente a las sedes de partidos constitucionalistas y las amenazas a quienes osan censurar un referéndum ilegal y sin las más mínimas garantías democráticas dibujan un mapa con serios motivos para la preocupación. «Son momentos difíciles, pero los superaremos» porque «creemos en nuestro país y nos sentimos orgullosos de lo que somos», proclamó el Rey en su discurso. De la responsabilidad de todos depende que se cumpla ese esperanzador pronóstico.

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