Desbandada empresarial

Un independentismo a punto de desbordar de forma definitiva los cauces legales ha hecho reaccionar a los poderes económicos

Viernes, 6 octubre 2017, 23:11

El traslado de la sede social de Caixabank a Valencia y de Gas Natural a Madrid siguió ayer a la decisión adoptada la víspera por el Banco Sabadell y otras compañías nacidas y radicadas en Cataluña. El movimiento se está convirtiendo en una cascada imparable ante el temor a los posibles efectos de una inminente declaración unilateral de independencia. El desarrollo económico, la actividad empresarial y las inversiones requieren estabilidad política y seguridad jurídica, además de un horizonte claro de convivencia social y armonía institucional. Durante los cinco años que el independentismo ha permanecido en efervescencia, los sectores empresariales de Cataluña, en su inmensa mayoría, han estado atentos a los acontecimientos, pero siempre con la esperanza de que el poder autonómico no iba a desbordar definitivamente el cauce de la Constitución y del Estatut, y abocar así a los ciudadanos a la incertidumbre más absoluta. Las firmas que cotizan en Bolsa y las que dependen de su expansión en mercados amplios no pueden limitarse a contemplar lo que sucede cuando el valor de sus acciones o sus expectativas de negocio se resienten por el anuncio no desmentido de la pronta desconexión entre la Cataluña oficial y el Estado constitucional español. En una economía global, ninguna compañía de cierta entidad puede sentirse atada a los avatares del país en que se fundó si sus gobernantes no tienen en cuenta sus necesidades. El perjuicio es, además, general porque afecta a la propia marca de una comunidad autónoma que se ve señalada tanto por las agencias de evaluación de riesgos como por los operadores turísticos. El independentismo ha acabado convenciéndose de que su capacidad de arrastre respecto al conjunto de la sociedad catalana era ilimitada, siempre que no dejara la senda de los hechos consumados. Así es como ha llevado a la Generalitat a dilapidar la credibilidad y la solvencia necesarias para favorecer la actividad económica y la generación de nuevos empleos. Como si quienes el 1-O se entusiasmaron al depositar sus papeletas a favor de la independencia estuvieran ungidos del derecho a endosar al resto de los ciudadanos los costes económicos y sociales de una aventura a impulsos de improvisación y exclusivismo.

LA IRRUPCIÓN DE MAS. Este es el trasfondo que ha llevado a Artur Mas a advertir de que una cosa es proclamar la independencia y otra muy distinta convertirse en un país independiente. El expresidente de la Generalitat, en unas controvertidas declaraciones al ‘Financial Times’ que él mismo ha matizado tras la polvareda levantada, señala las carencias que Cataluña tiene «todavía» en cuanto al control territorial, la recaudación de impuestos o el sistema judicial. Con ello sugiere una visión gradualista o paciente de la desconexión, que califica como un «derecho» que «nos hemos ganado». Como si el objetivo pudiera alcanzarse de manera calculada, cuando entraña en sí mismo –como se está comprobando– un puro descontrol desde el momento en que las instituciones hacen dejación de sus obligaciones legales. Mas no solo olvida que a Cataluña no le falta sólo un sistema judicial propio; olvida, de manera interesada, que mientras tanto cada acción vulneradora de la legalidad está dando lugar a procedimientos judiciales sobre los que solo la Justicia puede decidir. El independentismo, en el que son evidentes las dudas conforme se acerca la hora de la verdad, tiene un problema consigo mismo, con sus contradicciones y angustias, al haber llevado la situación hasta el borde del abismo. Un problema que solo puede resolver regresando a la legalidad.

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