Contención democrática

Puigdemont y Torra son merecedores de una respuesta unánime contra su disparatado proyecto

Mariano Rajoy y Pedro Sánchez coincidieron ayer en que Hacienda mantenga la supervisión sobre las cuentas públicas catalanas y en recurrir de nuevo a la aplicación del 155 si, ya en manos de Quim Torra, la Generalitat opta por vulnerar la Ley. La discrepante actitud de Albert Rivera al respecto, reclamando la continuidad de la intervención central sobre la autonomía catalana y que ésta se vuelva más severa, no tendría encaje en el ordenamiento legal. El Estado de Derecho en ningún caso puede verse forzado a adelantarse a posibles acontecimientos, ni a atajarlos activando medidas excepcionales antes de que se evidencie su necesidad desde el punto de vista legal. Es legítimo que Ciudadanos desarrolle una estrategia de marcaje al Gobierno a cuenta de la crisis catalana. Pero sería mejor para la estabilidad institucional y la confianza democrática que Rivera y su partido tratasen de sintonizar con la línea roja que ayer establecieron Rajoy y Sánchez. Independientemente de que la visibilización de ese acuerdo respondiera a la necesidad compartida por populares y socialistas de contrarrestar el ascenso demoscópico de Ciudadanos y de Podemos. Ni los más agoreros podían esperar que el independentismo manejado a distancia por Puigdemont respondiera al insistente clamor para que Cataluña volviera a tener un gobierno propio dentro de la legalidad con la designación de un presidente, Torra, que a diario hace gala de sus antecedentes extremistas y provocadores. El emplazamiento de ayer a Rajoy para que se siente a dialogar parece una broma cuando va precedido de pronunciamientos como el de que la Generalitat de Puigdemont debió defender la DUI, y de anuncios sobre la inmediata constitución de una república propia. Es evidente que el diálogo demandado por Puigdemont y Torra no se refiere a las condiciones en las que Cataluña –incluso 'la Cataluña de los independentistas'– podría sentirse más cómoda en el Estado de las Autonomías, ni siquiera a través de su eventual reforma constitucional. Más bien se trata de un emplazamiento dirigido a pactar los términos de la desconexión definitiva. Un requerimiento que pone a prueba las cuadernas del propio independentismo, violenta la convivencia con la otra mitad de Cataluña, y que ningún gobierno constitucional puede atender en tanto que en este punto cuente con una mayoría amplia de contención frente al secesionismo catalán más impaciente. Puigdemont y Torra están labrando la unanimidad democrática contra su disparatado proyecto.

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