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Cae el asesino de Las Ramblas

La diligente actuación policial ha permitido dejar casi resuelto el atentado el mismo día en que se renueva el Pacto Antiterrorista

Lunes, 21 de agosto 2017, 23:07

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Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta que causó la matanza de Las Ramblas, cayó ayer abatido en Subirats, cerca de Sant Sadurní d’Anoia, cuando huía entre viñedos, por los Mossos d’Esquadra que fueron alertados por una ciudadana. Según la Policía autonómica, el joven terrorista, que había apuñalado a un joven y arrollado a una patrulla policial en su huida, portaba aparentemente un cinturón de explosivos, lo que ha hecho necesaria la presencia de los Tedax. Y también ayer, los Mossos confirmaron que el hasta hace poco imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, murió en la explosión de Alcanar y que había estado viviendo en Vilvoorde, localidad considerada una de las mecas yihadistas de Bélgica. En definitiva, el caso del atentado de Las Ramblas puede darse casi por cerrado en términos policiales, aunque la investigación deba proseguir hasta desentrañar los últimos flecos: la procedencia de los explosivos que hicieron saltar por los aires el chalé de Alcanar, las complicidades y ligazones de todo el grupo terrorista, etcétera. La gravísima matanza de Barcelona, que ha tenido lugar en momentos de inocultable tensión entre el Estado y Cataluña, ha sido conducido con cordura, en el marco de un Pacto Antiterrorista que ayer era renovado con serena unanimidad, aunque algunos de los concurrentes –Unidos Podemos, PDeCAT, PNV y ERC– sigan sin dar el paso de incorporarse a él, si bien lo arropan desde fuera. Esta unidad política se plasmará el sábado en una manifestación en Barcelona en la que las primeras filas estarán reservadas no a los políticos sino a los Mossos d’Esquadra, el personal de emergencias... Esta originalidad no es en sí misma criticable, pero conviene recordar que cuando las autoridades políticas de una democracia encabezan una manifestación representan a toda la ciudadanía. De momento, la política ha discurrido en Cataluña durante el terrible drama con altura y serenidad (salvo las estridencias de la CUP, incomprensiblemente toleradas por sus socios parlamentarios), y el ‘procés’ no ha interferido en la gestión de una catástrofe de resonancia mundial por su significación y por haber afectado a víctimas de muy diversas nacionalidades.

Con todo, parecería lógico que esta unanimidad teórica frente al terrorismo tuviera una traducción real en la práctica. Así por ejemplo, se ha recordado que el pasado 10 de julio se celebró una sesión de la junta de Seguridad de Cataluña, la instancia de coordinación entre el Estado y la comunidad autónoma en materia de seguridad… que no se había reunido desde 2009. No parece que esta frialdad pueda ser mostrada a la opinión pública como prueba de la relación fluida entre unas policías que deben perseguir de la mano la delincuencia en general y el terrorismo en particular. Quiere decirse, en suma, que el pacto antiterrorista no puede ser el estrambote que remedie un profundo desentendimiento, suscitado por un conflicto político de indudable calado. Porque, aunque no haya relación directa entre el delirio homicida de los terroristas y la temperatura política de su campo de acción, es claro que la ciudadanía tiene derecho a que las energías de lo público se concentren inequívocamente en atender el interés general y no se disipen en recelos y desconfianzas. Las querellas que dividen a la sociedad nunca son en fin inocuas ni gratuitas: tienen coste, debilitan la capacidad colectiva de progresar y dejan inerme la ciudadanía que reclama unidad no para lucirla sino para operar con ella, para progresar más rápido y para defenderse mejor. La masacre de Las Ramblas es un caso cerrado, pero permanece un resquemor político que agrava la desazón general y el dolor de las víctimas.

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