Depreciar hasta cero

La noticia de que el Banco Popular, la sexta entidad financiera de España, ha sido adquirido por el Santander a cambio de un euro suscita perplejidad en el común de los ciudadanos en tanto que resulta poco comprensible semejante devaluación. El Mecanismo Único de Resolución europeo (MUR) actuó a primera hora de ayer a petición del BCE y con el acuerdo del FROB español. El propio mercado financiero no había ofrecido otra salida al Popular desde que en mayo de 2016 recurrió a una ampliación de capital para compensar el lastre que le suponían sus activos improductivos. Ninguna entidad quiso comprarlo o fusionarse con él a un coste más elevado. El dictamen circundante estaba claro: dejarlo caer hasta el precio de un euro. La atonía en las declaraciones previas del ministro Luis de Guindos y en los mensajes del Banco de España respondía al tiempo de espera para un desenlace anunciado. Las pérdidas resultantes afectan a los accionistas -tanto institucionales como individuales- y a los titulares de deuda subordinada. Al tiempo que la ampliación de capital del comprador -el Banco Santander- en 7.000 millones pretende «cubrir el capital y las provisiones requeridas para reforzar el balance del Banco Popular», en palabras de su presidenta Ana Botín. Es la primera vez que el MUR adopta una decisión ejecutiva, imponiendo un proceso competitivo de compra de una entidad española por parte de otra entidad, sin que afecte al erario de nuestro país o al europeo. Ahora queda esperar que la salida que se le ha dado al Popular al borde de la quiebra no genere o despierte más efectos adversos sobre el sistema financiero que los que han venido padeciendo sus accionistas, viendo cómo el valor de la acción estaba en caída libre hasta que han sido obligados a renunciar a su propiedad. Desde que se produjo el rescate y la reestructuración bancaria en España han sido constantes las menciones a la eventualidad de que existieran más entidades en dificultades. Es de desear que la venta obligada del Banco Popular sea la última, puesto que resulta dudoso que alguien haya salido ganando en la operación. Pero la naturaleza privada de las entidades financieras no justifica, en un mercado regulado y supervisado, que los acontecimientos se presenten como una cascada de fatalidades cuando son el resultado de decisiones que merecen ser conocidas y evaluadas en sus efectos.