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Moix dimite pese al apoyo del fiscal general

Manuel Moix. / Efe | Atlas

  • El fiscal jefe Anticorrupción presenta su renuncia irrevocable por «motivos personales» pese a que Maza asegura que «no ha habido irregularidad» con la sociedad panameña

Manuel Moix dimite. El fiscal jefe de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada renuncia de forma irrevocable por "motivos personales" tras conocerse el escándalo de que posee el 25% de una sociedad familiar en Panamá, sin actividad y regulada ante Hacienda desde 2012.

En una comparecencia sin preguntas, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha aceptado la dimisión de Manuel Moix solo 100 días después de que éste le nombrara para el cargo. Maza ha aceptado su renuncia pese a que ha intentado convencerle de lo contrario. "No puedo obligar a nadie que me alega cuestiones personales para irse", ha señalado el fiscal general.

Maza ha señalado que, desde su punto de vista, no ha habido "irregularidad o ilegalidad" en la sociedad panameña de la familia Maza Blázquez, adelantada por el diario digital 'Infolibre'. Tampoco ha habido "incompatibilidad" con el cargo, ha añadido, "ya que la doctrina de los tribunales sobre el carácter económico y mercantil, la propiedad de un bien que no tiene actividad, no obliga a comunicar la tenencia a sus superiores".

"Esa conducta es absolutamente regular, no existen motivos a mi juicio para el cese del fiscal jefe", ha concluido el fiscal general. Sin embargo, ante la renuncia irrevocable por motivos personales de Moix "no he podido convencerle de lo contrario", ha concluido.

La salida de Moix se produce tras apenas 87 días en el cargo durante los que su gestión ha estado marcada por la polémica y los enfrentamientos con otros fiscales por discrepancias en la investigación de algunos asuntos de corrupción como el "caso Lezo".

El Gobierno deja caer a Moix

Durante la jornada del miércoles, el Gobierno rectificaba el extraño respaldo de Mariano Rajoy al fiscal jefe Anticorrupción y dejaba en manos del fiscal general del Estado el futuro de Manuel Moix ante el escándalo desatado por su sociedad en Panamá. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue taxativa al señalar que "el Gobierno habla del Gobierno" y es la Fiscalía la que debe tomar decisiones sobre sus miembros.

En el Gobierno y en el PP daban ya por hecho que el jefe de Anticorrupción tenía las horas contadas al frente de su departamento. Lo que no aciertan a explicar en el partido ni tampoco en círculos gubernamentales es la razón que tuvo Rajoy el martes para brindar su respaldo a Moix como si fuera un miembro del Consejo de Ministros y no un miembro de la Fiscalía, una institución en teoría autónoma del Ejecutivo. Además el presidente estaba informado de lo que se había publicado sobre su empresa panameña Duchesse Financial Overseas. Durante la jornada del miércoles, ningún miembro del Gobierno tuvo ya palabras de apoyo y Sáenz de Santamaría puntualizab que la Fiscalía General del Estado que es la que decide "los nombramientos y las situaciones administrativas que afectan a los fiscales". El Gobierno, vino a decir, no tiene nada que ver.

Las explicaciones que había dado Moix sobre la sociedad patrimonial que participa en un 25% y que es propietaria de la residencia de sus padres en una localidad de la sierra de Madrid acabaron de convencer al Gobierno de que su continuidad en el cargo esra indefendible. El entonces fiscal Anticorrupción dijo en un primer momento que se enteró de la existencia de la sociedad offshore tras la muerte de su padre en 2011, pero según informó el diario digital Infolibre Moix participó en «a principios de los años noventa» en un pleito con la empresa constructora del chalé de sus padres. La firma Terecon S. A. acusó al padre del ya exjefe Anticorrupción de un delito de alzamiento de bienes al negarse a pagar la construcción de la residencia con el argumento de que pertenecía a Duchesse Financial Overseas, y que él solo era el apoderado de esa sociedad creada en diciembre de 1987 y que mes y medio después adquirió el chalé. Moix estuvo presente en la declaración de sus padres ante el juez y conoció por tanto que la firma patrimonial existía.

A la vista de la evolución de los acontecimientos, comenzó a recular en su versión inicial y aunque insistió en que no ha cometido ilegalidad alguna, aceptó que debía haber informado al fiscal general de su participación en la sociedad panameña. «Es indudable que calculé mal» pero no por haber hecho una ilegalidad sino por las repercusión de la información, señaló en una entrevista en Onda Cero. Moix consideraba que no tenía la obligación de dar cuenta ni al fiscal general ni a la inspección de la Fiscalía de que tenía el 25% de la compañía heredada de sus padres porque no tenía actividad alguna. Pero el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal prohíbe a los miembros de la carrera «el ejercicio directo o mediante persona interpuesta de toda actividad mercantil».