Hoy

El juez investiga a Iberdrola por la subida «artificial» de los precios de la luz

Sede de Iberdrola en Madrid.
Sede de Iberdrola en Madrid. / Afp
  • La Audiencia Nacional admite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra directivos y/o empleados de Iberdrola Generación y registra las sedes de Madrid y Bilbao

  • La compañía niega "manipulación fraudulenta" del mercado y asegura que colaborará con la Audiencia

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Iberdrola Generación SA por un delito relativo al mercado y los consumidores, que habría sido cometido presuntamente por los directivos y/o empleados que adoptaron las decisiones que llevaron al alza artificial del precio de la energía eléctrica en el período transcurrido entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. La denuncia ha sido presentada por el fiscal anticorrupción Antonio Romeral, quien considera que la empresa obtuvo "un lucro ilícito de 20 millones" en el mercado mayorista de electricidad en ese período.

En el marco de esta investigación, ayer se practicaron entradas y registros en la sede de Iberdrola de Madrid y de Bilbao, según fuentes de la Audiencia Nacional. La documentación incautada será revisada por los investigadores e incluida en la causa abierta a los directivos y/o empleados de Iberdrola Generación.

La vía penal se abre después de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multara en 2015 con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista de la energía eléctrica en 2013, lo que se considera una conducta "muy grave". Esa sanción fue recurrida por Iberdrola ante la Audiencia Nacional, que suspendió cautelarmente la multa.

Sin embargo, Iberdrola niega que su filial Iberdrola Generación España haya realizado una "manipulación fraudulenta" del mercado mayorista de la electricidad en diciembre de 2013 y asegura que ha prestado toda su colaboración al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como parte de la solicitud de información a la compañía.

Iberdrola Generación España señala en cualquier caso que el grueso de la información solicitada ya obra en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC), que realizó desde 2013 una investigación completa y que "contó también con toda la colaboración de la compañía" antes de dictar su resolución administrativa. La compañía asegura que Iberdrola Generación "no ha realizado manipulación fraudulenta alguna" y que, "desde el primer momento en que se dio a conocer la resolución del expediente sancionador por parte de la CNMC", negó "rotundamente haber realizado cualquier manipulación fraudulenta de los precios mediante las ofertas de sus instalaciones de generación hidroeléctrica, y anunció su intención de presentar recurso ante la Audiencia Nacional, al entender que su actuación fue siempre correcta y ajustada a Derecho".

Iberdrola Generación asegura además que no hubo manipulación tendente a alterar el precio de la energía eléctrica por varios motivos, entre ellos el de que "no se interfirió en el proceso de formación del precio en el mercado eléctrico". Según indica, tampoco hubo intención de alterar el precio de la electricidad, sino que, durante todo el periodo analizado, Iberdrola Generación actuó siempre como un "gestor prudente y razonable de las centrales hidroeléctricas investigadas, lo que además ha probado mediante la presentación de informes de expertos cualificados independientes".

Asimismo, la compañía defiende que su comportamiento fue "perfectamente racional y legítimo". "Los hechos en los que se basa el expediente, respecto de los que por su propia transparencia no hay discusión, se interpretan y califican por la CNMC de manera incorrecta y sesgada a través de una serie de inconsistentes juicios de intenciones", indica. "La CNMC, sin tener en cuenta los elementos del tipo sancionador, califica como 'manipulación fraudulenta' un comportamiento perfectamente racional de Iberdrola Generación, atendida la situación de producible hidráulico del momento y las estimaciones de futuro, todo lo cual llevó a cabo mediante una gestión absolutamente transparente en el mercado", afirma.

"No obtuvo beneficio"

La empresa también sostiene que no obtuvo ningún beneficio con su supuesta actuación, ya que "tenía una posición neta compradora en el periodo analizado, por lo que, aparte de no tener capacidad de incrementar el precio del mercado por carecer de posición de dominio en el mismo, no tenía ningún interés en que se incrementara dicho precio". Junto a esto, recuerda que la Audiencia ya anuló, el 4 de julio de 2012, la única sanción, de 2,4 millones de euros, impuesta a Iberdrola Generación basada en el mismo tipo sancionador.

Además, considera que la resolución del expediente sancionador es "manifiestamente incoherente" con decisiones previas de la CNMC, que ya se había pronunciado acerca de las circunstancias "atípicas", como la alta demanda eléctrica, la subida del precio del gas o la ausencia de viento y de lluvia, que concurrieron en el mercado eléctrico en las semanas previas a la celebración de la subasta para fijar la TUR.

Antecedentes

La sanción a Iberdrola Generación está relacionada con una actuación dirigida a elevar el precio de las ofertas en las centrales hidráulicas del Duero, el Sil y el Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, justo antes de que la tarifa eléctrica se disparara.

En las semanas previas a la celebración de la subasta Cesur para fijar los precios de la tarifa eléctrica de último recurso en el primer trimestre de 2014 se registraron fuertes subidas de precios en el mercado mayorista. Estos repuntes provocaron que el precio resultante en la subasta subiera un 26%, lo que hubiera incrementado la tarifa un 10%.

Ante esta situación, la CNMC advirtió de situaciones atípicas, aunque no manipulación, lo que derivó en la suspensión de la subasta y, en última instancia, la sustitución del sistema de tarifa de último recurso por el precio voluntario al pequeño consumidor (pvpc).

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se produce en un momento de máxima tensión entre Iberdrola y el Ministerio de Industria por los impuestos a la energía nuclear y el posible cierre definitivo de la central nuclear de Garoña. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, explicó en la Junta de Accionistas que Garoña -cuyos propietarios son Iberdrola y Endesa- era económicamente inviable en la situación actual. Industria debe decidir antes del verano si permite que se amplíe su vida útil -lo que parece probable que ocurra pues cuenta con el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear si se adoptan determinadas inversiones-, pero deben ser las dos empresas accionistas quienes decidan por unanimidad si siguen con la explotación. Las eléctricas, encabezadas por la compañía que preside Galán, reclaman al Gobierno que reduzca la carga impositiva a la energía nuclear -en 2012 se introdujo un nuevo impuesto sobre ella- porque consideran que ha eliminado el margen de rentabilidad. El pulso entre el Ejecutivo y las compañías no se reduce a Garoña sino que tiene que ver con el futuro del resto de centrales y dela hipotética ampliación de su vida útil. Galán aseguró hace pocas semanas que Iberdrola no está dispuesta a operar centrales en pérdidas.