Hoy

editorial

Independencia fiscal

Las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, cuestionando públicamente la cualificación de las dos fiscales que informaron a favor de investigar al presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez; las del Fiscal General, José Manuel Maza, señalando que su posición contraria a dicha investigación no respondió a presión alguna sino a informes entre los que, al parecer, no se encontrarían los de las dos fiscales, y el desliz del presidente murciano al evidenciar que conocía perfectamente la postura de cuatro fiscales del Tribunal Supremo reacia a su imputación describen un episodio que en muy pocas horas ha puesto en solfa la independencia con la que actúa el Ministerio Público. Y lo ha hecho además cuando se espera el próximo nombramiento de fiscales anticorrupción y del fiscal jefe del Tribunal Superior de Murcia. Que el nombramiento del titular de la Fiscalía General corresponda al Gobierno no supone que el designado esté sujeto a sus indicaciones institucionales, y mucho menos a requerimientos partidarios. Que la Fiscalía constituya un estamento jerarquizado tampoco exime a quienes ocupan responsabilidades superiores de atender a los criterios de sus inferiores y de argumentar expresamente sus posibles desavenencias respecto a los mismos antes de adoptar una decisión. La más mínima sospecha de que la Fiscalía atiende a instrucciones del poder político y defiende los intereses del partido en el Gobierno, de que el Fiscal General interviene directamente cuando están en juego esos intereses, resulta demoledora para la confianza que la democracia ha de trasladar a los ciudadanos. Máxime cuando las situaciones que suscitan dudas y reservas en cuanto a la actuación de la Fiscalía se refieren a posibles casos de corrupción política. El Ministerio Público tiene el deber de velar por los fundamentos del Estado de Derecho, empezando por negarse a solicitar la investigación -imputación- de aquella persona que no vea que haya podido incurrir en algún ilícito. Pero ni su estructura jerárquica puede convertirse en un mecanismo que desoiga a aquellas y aquellos fiscales que están trabajando sobre el terreno, ni el ministro de Justicia o cualquier otro integrante del Gobierno pueden explayarse con comentarios y calificaciones al respecto sin incurrir en una abusiva interferencia hacia la actuación de uno de los pilares del sistema de Justicia.