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tribuna

Financiar la educación

AL Fondo Monetario Internacional (FMI) le preocupa que el déficit público en España pueda acabar por encima de las previsiones y por ello en su informe anual sobre la economía española realiza una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la revisión de la eficiencia del gasto en educación y sanidad. A estas alturas de la película, tenemos razones de sobra para sospechar que detrás de las expresión «revisión de la eficiencia del gasto» se esconda una recomendación de nuevos recortes que abran la puerta a más dinámicas privatizadoras en esos ámbitos.

En el mismo día en que conocemos este último informe del FMI, cae en mis manos una interesante investigación que estudia la relación entre gasto en educación y aprendizaje del alumnado publicada el pasado mes de julio en la 'National Bureau of Economic Research' bajo el título 'School finance reform and the distribution of student achievement' ('Reforma de la financiación educativa y distribución de los resultados del alumnado'). La relevancia de dicho trabajo estriba en que ofrece resultados concluyentes sobre la relación existente entre la inversión en educación y la mejora del rendimiento en EEUU, algo que hasta la fecha no había sido posible dadas las dificultades metodológicas para investigarlo. De hecho, todo el trabajo previo sobre este asunto ha producido conclusiones ambiguas que quizá han favorecido que el punto de mira se haya centrado en el nivel educativo de los padres y en la organización de los centros como variables condicionantes del éxito escolar restando importancia a la financiación. Los autores del trabajo señalan que esta ausencia de datos concluyentes ha sido utilizada por quienes se oponen al incremento del gasto en educación argumentando que no es relevante para la mejora de la calidad. Lejos de ser así, Lafortune, Rothstein y Schanzenbach afirman, sin ningún género de duda, que la financiación sí importa y encuentran mejora en el rendimiento en las escuelas de distritos educativos de bajos ingresos en donde se incrementó el gasto al compararlas con aquellas otras de idéntico perfil de alumnado en las que no se produjo aumento de la financiación.

Con todo ello, y sin perder de vista al FMI, convendría recordar algunos datos aportados por el Informe del BBVA y el IVIE, 'Cuentas de la Educación en España 2000-2013. Recursos, gastos y resultados', publicado este mismo año. Mientras que en el periodo estudiado el gasto público en educación ha caído a los niveles del 2000, el gasto familiar se ha incrementado en un 33%. Dicho de otro modo, las familias han compensado con dinero de su bolsillo los recortes en educación, lo que traducido al PIB significa que el peso del gasto en educación de las familias españolas ha supuesto un 0,5% del mismo (superior a la media europea) mientras que el gasto del sector público es claramente inferior (3,8% frente a 4,6% de Europa). Por otro lado, se destaca que el gasto por alumno, que había crecido un 25% desde 2000, retrocedió un 20% a partir de 2008 hasta recuperar en 2013 los niveles de partida.

El informe señala la conveniencia de dotar al sistema educativo de un fondo de reserva para garantizar su futuro, ya que su financiación ha sido muy «irregular en el ultimo ciclo económico». Un mecanismo desvinculado de la coyuntura económica que lo proteja en tiempos de crisis. Asimismo, recomienda promover el acceso a la educación infantil, fortalecer la educación primaria y orientar las políticas educativas a largo plazo.

No estaría mal todo esto. Se trata de adoptar medidas conducentes a dotar al sistema de mayor estabilidad y, en algunos casos, de elementos que fortalecen la equidad. Se trata, en definitiva, de «asegurar» la educación, tal y como sostienen, por ejemplo, quienes defienden una reforma constitucional que blinde servicios públicos como la sanidad y la educación. No hay razones, a tenor de las evidencias y datos de los que vamos disponiendo, para no invertir en educación si nos interesa la disminución de las desigualdades que necesariamente pasa por mejorar los resultados académicos del alumnado perteneciente a las familias más pobres. No hay razones, por tanto, para justificar más recortes y, por el contrario, las tenemos todas para desconfiar de las indicaciones del FMI. La «eficiencia» del sistema educativo no puede mejorarse a costa del esfuerzo de las familias porque quiebra el principio del derecho a la educación y la igualdad de oportunidades.