Incierta reforma constitucional
El verdadero problema, el conflicto catalán, debe ser abordado con amplitud de miras
PPLL
Domingo, 4 de diciembre 2016, 00:49
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El dilatado periodo de incertidumbre recién vivido ha extendido la convicción de que el régimen del 78, aunque plenamente vigente, requiere una actualización, una puesta al día, que, sin embargo, no termina de encontrar el clima adecuado. De hecho, todos los partidos salvo el PP se presentaron a las últimas elecciones generales con propuestas en este sentido, e incluso la formación mayoritaria se expresa ahora así. Con todo, no se ve una línea de avance consistente en la dirección reformista. Habría que reformar el Senado, una cámara sin duda mal ubicada en el entramado institucional, pero no está clara la opción alternativa, y seguramente se debería modificar el artículo 99 para facilitar la investidura presidencial, aunque el problema no parece tanto normativo cuanto de experiencia parlamentaria. Los retoques posibles son diversos. En todo caso, el hecho de que haya cuatro grandes actores en la Cámara baja, además de los nacionalistas, complica la convergencia, máxime cuando el PSOE debe resolver un serio problema interno de definición existencial y en Podemos parece haberse impuesto la línea dura de Pablo Iglesias, que pondría en cuestión todo el régimen vigente. El PSOE ha sugerido ya la formación de una subcomisión sobre el particular, pero parece predominar la idea de que no debería abrirse tal expectativa sin que previamente se hubiera logrado algún acuerdo de principio, al menos entre PP, PSOE y C's. El verdadero problema de la legislatura, que ha de ser abordado con amplitud de miras, es el conflicto catalán, cuya solución sí podría requerir una reforma constitucional: bien mediante un impulso federalizante, bien reconociendo la singularidad catalana en una disposición adicional, como la dedicada a los territorios forales (es la propuesta de Herrero de Miñón). Si se optase por esta vía, sí habría que reescribir el Título VIII, estableciendo criterios racionales y equilibrados de financiación y solidaridad que diesen consistencia al Estado de las autonomías en su conjunto. Sería una reforma compleja y delicada que sólo tendría sentido si encontrase gran consenso político y territorial.
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