Hoy

Corrupción

LA democracia española está enferma -en otro momento analizaremos las causas de esta enfermedad- y los síntomas y efectos de la misma están a la vista: corrupción generalizada. Pero, ¿en verdad se quiere acabar con la corrupción? Si así fuera lo primero que hay que hacer es examinar aquellos supuestos jurídicos o de hecho donde tienen lugar las prácticas corruptas; algo que, generalmente, no se hace, bien por negligencia, bien porque no interesa.

¿Dónde se produce la corrupción? Para nosotros existen tres bloques fundamentales de asuntos que la generan: el primero sería el que se refiere a los contratos del Estado y sus Administraciones central, autonómica, provincial y municipal, sobre obras de infraestructura y demás servicios, suministros, etcétera, cuya adjudicación se hace, generalmente, mediante concurso público, subasta, además de adjudicación directa en casos de pequeñas cuantías, o, a falta de postulantes. Con frecuencia se produce aquí el ardid consistente en crear empresas privadas de ente público para evitar la aplicación de las normas administrativas y los controles propios de la contratación pública. Se producen hechos verdaderamente sorprendentes, como el caso de ayuntamientos o diputaciones que gran parte de sus competencias y servicios las ejercen a través de este tipo de sociedades anónimas, y no me refiero, naturalmente, a los supuestos corrientes de privatización de los servicios y suministros, vg., de agua, limpieza, transportes urbanos, etcétera, que es distinto y necesario, además.

Desde la época de Franco hasta nuestros días el conocido y famoso 3% del importe de la contrata, ha funcionado impunemente y era conocido por todos, políticos y empresarios que por este procedimiento se distribuían entre ellos las grandes obras públicas. Eliminar esta corruptela era difícil, teniendo en cuenta que ese 3% alimentaba los sobresueldos de toda la pirámide formada por el personal implicado, doblando, a veces, el sueldo oficial, los de abajo.

El segundo bloque de asuntos que entrañan corrupción es el urbanismo, en manos, fundamentalmente, de los ayuntamientos. Hace pocos días hemos leído la noticia de que la gran corrupción en España se encuentra en asuntos de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, no en la Administración central del Estado, que tiene ya escasas competencias y un funcionariado bastante preparado y arraigado.

El urbanismo, como decimos, parece ser la lacra que está matando la democracia en este país, donde existen concejales de Urbanismo de grandes municipios, más importantes que muchos ministros (sic). La solución a este problema no es fácil. Privar a los Ayuntamientos de las competencias en materia de urbanismo por aquello de «muerto el perro se acabó la rabia» (ignoro si ésta frase es políticamente correcta) tendría muchas dificultades de todo orden, inclusive jurídico-constitucional, aparte de que las economías de los ayuntamientos se resentirían gravemente si perdieran los ingresos derivados de esta actividad y servicios, aunque estos ingresos podría respetarse al municipio de muchas maneras. Podría pensarse en involucrar más a las Comunidades Autónomas en esta materia, aunque dudamos de que sea ésta la solución.

La corrupción en España se ha generado por la falta de controles. En el ámbito de la Administración local ha sido clave la desaparición de los Cuerpos Nacionales de Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local como funcionarios del Estado y de él dependientes. La desaparición de estos Cuerpos, que debemos a la llegada de los socialistas al poder, ha causado un profundo mal a una Administración local española, que estaba fiscalizada por unos funcionarios de carrera no dependientes de diputaciones y ayuntamientos, que no se casaban con nadie. Para nosotros es urgente reponer estos Cuerpos de funcionarios, adaptados a los tiempos actuales, con amplísimas facultades de inspección y control de legalidad de las Corporaciones Locales. Quizá fuera interesante crear un cuerpo de urbanistas del Estado e incorporarlo a estos controles.

El tercer bloque de corrupciones está en la contratación de empleados y acceso al funcionariado de la Administración local y Comunidades Autónomas de familiares y amigos o correligionarios procedentes de esa escuela de jóvenes profesionales de la política en que se han convertido los partidos políticos, provocando el rechazo hacía la actividad política de la élite profesional e intelectual española, que de ninguna manera abandona hoy la empresa privada para acceder a un mundo corrompido o aborregado, sin ideas, proyectos, ilusiones y fe. No hace falta explicar éste fenómeno, de sobra conocido y padecido por tanta gente situada al margen de las tareas públicas.

Finalmente, el cuadro se completa con toda esa gama de malversaciones de caudales públicos y fraudes mediante subvenciones de toda índole, ERE, etcétera.

Mientras estos cuatro bloques de asuntos, principal objeto de corrupción, no tengan cada uno su tratamiento, que lo tienen, aunque el mismo pueda ser duro, que nadie se haga ilusiones de que va a desaparecer esta plaga de corruptos. Si no operamos sobre la verdadera raíz del problema, no hay nada que hacer.