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Pedraz abre una investigación contra el embajador en Kabul por el atentado de 2015

La embajada española en Kabul, tras el ataque en 2015.
La embajada española en Kabul, tras el ataque en 2015. / Jawasd Jalali (Efe)
  • La denuncia, presentada por la viuda de uno de los agentes, es por homicidio imprudente, entre otros delitos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha admitido a trámite una querella para investigar la falta de medidas de seguridad en el atentado contra la Embajada de España en Kabul (Afganistán), el 11 de diciembre de 2015, que acabó con la vida, entre otros, de dos policías españoles. El procedimiento, iniciado por Genma de los Ríos, la viuda del agente fallecido Jorge García Tudela, se dirige contra el embajador y el segundo embajador en aquella fecha, Emilio Pérez de Agreda y Oriol Solá Pardel, respectivamente.

El magistrado acuerda notificar la resolución a los dos querellados y a la Abogacía del Estado, en nombre del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y del Ministerio del Interior por si pretende personarse en defensa de los intereses del Estado desde el inicio de la instrucción, al objeto de no causarle indefensión si se produjera una declaración de responsabilidad civil, tal y como se solicita en la querella presentada por las familias de las víctimas y por otros siete policías heridos en el atentado.

Pedraz, en su resolución, recoge los hechos en que se basa la querella relativos a las carencias en materia de seguridad desde el inicio de la construcción de la Embajada, en el año 2008, deficiencias que se comunicaron al embajador y Ministerio de Exteriores.

Deficiencias de seguridad

Según la querella, a pesar de las recomendaciones y peticiones de mayor seguridad de la sede diplomática, se denuncia que Pérez de Agreda “nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto ante el Ministerio del que depende pese a los informes del cuerpo de seguridad en la materia”.

De acuerdo con los hechos denunciados, el 11 de diciembre de 2015, el denunciado Pérez de Ágreda estaba de vacaciones en España y quedó como encargado y máximo responsable de la Cancillería Oriol Solá Pardel, que “tampoco respetaba ninguna medida de seguridad. Más al contrario ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio”, permitiendo el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada, sin avisar con tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas.

En la mañana del 11 de diciembre se alertó por los servicios secretos franceses del riego de atentado contra la Embajada de España, “lo que debería haber provocado la toma extraordinaria de medidas de seguridad y que hubiera evitado que esa tarde (alrededor de las 18 horas) un coche bomba hiciera explosión contra los muros de la legación española”, recoge el auto del magistrado.

Estos hechos, a juicio de Pedraz, “tienen una primera apariencia de infracción penal” por lo que procede investigarlos, teniendo en cuenta que la competencia de la Audiencia Nacional resulta “evidente” puesto que nos encontramos ante presuntos hechos cometidos por españoles en el extranjero. El juez acuerda incorporar a las actuaciones judiciales las diligencias de investigación penal abiertas en su día por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Ubicación embajada

Según publicó este periódico en su día, fueron multitud los informes policiales sobre la imperiosa necesidad de cambiar la ubicación de la Embajada española en Kabul que recibió el Gobierno desde que en octubre de 2009 un ataque talibán en las inmediaciones de la legación dejara claro que la protección de la misión no pasaba por reforzar las medidas de seguridad sino por llevarla fuera de un barrio, otrora bastante seguro, pero que había crecido en solo cuatro años sin orden ni concierto y cuyas edificaciones habían rodeado los terrenos de la legación. Algunos de esos avisos, incluso, vaticinaban un ataque calcado al que hace casi un año costó la vida al subinspector Jorge García Tudela y al policía Isidro Gabino San Martín Hernández, amén de a otra decenas de personas.

Los actuales y pasados responsables del Ministerio del Interior, a los que llegaron estos informes policiales, aseguran de manera «tajante» que los transmitieron a Exteriores en «tiempo y forma» porque no tenían competencia sobre el cambio de ubicación, ni siquiera sobre mejoras puntuales de seguridad del complejo. Los actuales y pasados responsables de Exteriores, a los que fueron reenviados esos documentos que firmaban los funcionarios policiales, alegan que la mala situación inmobiliaria en Kabul hizo imposible durante seis años adquirir o comprar un nuevo edificio en la blindada "zona verde", donde se ubican la mayoría de las embajadas de los países occidentales, algunos de los cuales sí que se mudaron del caótico barrio de Shirpur en el que siguió el edificio español.