Hoy

Excesiva e innecesaria

El Tribunal Constitucional podría admitir en parte los recursos presentados por la Generalitat catalana y por el Ejecutivo vasco contra la reforma de su Ley Orgánica aprobada por las Cortes en septiembre de 2015 a partir de una proposición de ley del Grupo Popular, con mayoría absoluta entonces, tramitada por el procedimiento de urgencia. Se trataría de los apartados que facultan al Tribunal Constitucional para incrementar las multas ya previstas, para recabar directamente la actuación del Gobierno y, sobre todo, para suspender en sus funciones a aquellas autoridades y servidores públicos que incumplan sus resoluciones. El contenido de la reforma fue cuestionado abiertamente en el ámbito del derecho constitucional. Si el cambio hubiera partido de un proyecto presentado por el Gobierno Rajoy hubiesen sido preceptivos los informes del Consejo de Estado y del CGPJ que, probablemente, hubieran advertido de que la reforma desvirtuaba la función constitucional del tribunal encargado precisamente de velar por el cumplimiento de la Carta Magna. Si el Constitucional opta en los próximos días por su regreso a las atribuciones que ya tenía hasta hace un año dará la razón a quienes entonces criticaron el afán de los populares por transmitir un mensaje de implacable oposición a la peripecia independentista en la que se habían embarcado las instituciones de la Generalitat, a costa de una modificación legal excesiva en su argumentación e innecesaria para el ejercicio de las garantías constitucionales. Puede que la fuerza disuasoria de la posibilidad legal de la suspensión en sus funciones de autoridades y cargos públicos haya conducido al soterramiento institucional de la hoja de ruta independentista en Cataluña durante este último año. Pero no era precisa ninguna reforma de la Ley Orgánica del Constitucional para que el Alto Tribunal pudiera velar sobre el cumplimiento de sus propias decisiones frente a las resoluciones -sin duda más que declarativas- que ha adoptado la mayoría del Parlamento de Cataluña en torno a la fijación de los cimientos institucionales de una república independiente. El Estado constitucional no precisa de más recursos que los que recoge la Carta Magna para afrontar el desafío secesionista, brindando su mecanismo de reforma y el de los respectivos estatutos como único cauce legítimo para la ampliación del autogobierno.