Hoy

Escena victimista

El portavoz del PDC en el Congreso, Francesc Homs, declaró ayer en el Tribunal Supremo ante el magistrado instructor de la causa que se sigue por la participación del Gobierno de la Generalitat en la organización de la 'consulta alternativa' del 9 de noviembre de 2014 prohibida por el Constitucional. Investigado por la posible comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, Homs se suma como aforado a los procedimientos que se siguen por los mismos hechos contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Francesc Homs acudió ayer acompañado de destacados responsables de su partido y de ERC, entre ellos el expresidente Artur Mas, y de los líderes de las dos plataformas independentistas, ANC y Ómnium. La propia escena denotaba el victimismo con que el independentismo institucionalizado se vale de la impugnación de cualquier quiebra de la legalidad vigente para escribir un episodio heroico más. Así lo adelantaba el propio Homs al declararse condenado por una «sentencia ya dictada», cuando ni siquiera está inculpado por el Alto Tribunal. Su afirmación de que se trata de «un proceso político» y su denuncia de que la Fiscalía actúa como «brazo armado del PP» -por lo que no respondió a las preguntas del Ministerio Público- anticipan la reacción que seguiría al eventual enjuiciamiento y a la hipotética condena de las cuatro personas que hoy están sujetas a las decisiones que adopten el TSJC y el TS. Carece de fundamento alegar que no estaba claro el alcance de la prohibición de la consulta del 9-N por parte del Constitucional. En su particular interpretación de los principios democráticos los exconvergentes que entonces gobernaban la Generalitat podrán aducir que respondían a los designios de la sociedad catalana, pero no podrán eludir las responsabilidades legales si asumen haber colaborado con medios públicos para la consulta prohibida. La aplicación de la ley continúa sirviendo al independentismo para una república independiente cuyas garantías democráticas nacerían emponzoñadas por la ruptura de la legalidad.