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Lastre socialista

El escrito de acusación presentado por la Fiscalía Anticorrupción contra José Antonio Griñán, Manuel Chaves y otros responsables de la Junta de Andalucía de cuando uno y otro fueron presidentes autonómicos acerca a los encausados al momento definitivo del juicio oral sin que el PSOE andaluz pueda desentenderse de las responsabilidades contraídas por los predecesores de Susana Díaz. La acusación se fundamenta en que durante más de una década los encausados pudieron incurrir en un delito continuado de prevaricación y/o de malversación de caudales públicos mediante modificaciones presupuestarias que «soslayaban la necesaria y preceptiva fiscalización», por parte de la correspondiente Intervención delegada de la Junta, de las ayudas sociolaborales y de las ayudas a empresas en crisis con las que el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) veía incrementarse su capacidad de acción. La Fiscalía promueve un juicio sobre la naturaleza de las irregularidades cometidas en el manejo de los fondos públicos, sobre si los responsables del gobierno andaluz llegaron a incurrir en dos ilícitos penales. Junto a ello discurre otra corriente, tanto en el ámbito judicial como, sobre todo, en la opinión pública: que los encausados pudieron tratar de atender de manera excesivamente voluntariosa y descuidada a cuenta de la caja común las necesidades que surgían de la crisis económica. No es fácil dilucidar la cuestión sin entrar a valorar las consecuencias de la actuación juzgada, en cuanto a los beneficios que aportó a las empresas y personas que pudieron acogerse en relación al quebranto que ello supuso para las arcas públicas. Pero por eso mismo será imposible disipar la sospecha de clientelismo. La presunción de que la Junta actuó discrecionalmente, pero siempre para asistir a quienes conformaban su particular red de protección social. Griñán y Chaves renunciaron a su aforamiento para disponerse a ser juzgados por la Audiencia Provincial de Sevilla. Un gesto que parece encomiable cuando debía ser lo normal en tiempos de regeneración democrática. El fin que se persigue nunca puede justificar, por sí mismo, los medios que se emplean. Esta vez son los medios los que están en juicio, independientemente de que el fin último fuese atender al desempleo o alimentar con ello una red clientelar.