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Constitución y gobierno

El Rey fue informado ayer oficialmente por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, de la infructuosa presentación de Mariano Rajoy a la investidura. La decisión del Monarca de no convocar por ahora una nueva ronda de consultas con los portavoces parlamentarios brinda a los partidos un tiempo que no deberían agotar hasta la convocatoria de nuevas elecciones. La llamada de Felipe VI al acuerdo no puede ser desoída por los responsables políticos, en tanto que expresa el deseo mayoritario de la sociedad. Frente a ella la «perseverancia» anunciada por Rajoy o la disposición de Sánchez a hablar con todas las formaciones sin postularse como candidato no parecen suficientes para desatascar la situación. Además de renuencias partidistas, lo que está ocurriendo revela otro aspecto de la Constitución que merece ser revisada. El vigente sistema de designación del presidente del Gobierno entra en contradicción con la previsión constitucional de la moción de censura constructiva del artículo 113. Los grupos que la promuevan están obligados a presentar un candidato alternativo a quien fuese investido en su día, para así evitar el desgobierno que supondría la destitución del presidente porque cuente con menos diputados a favor que en contra, siempre que estos últimos representen la mayoría absoluta de la Cámara. Por el contrario, el artículo 99 de la Constitución permite el bloqueo continuado de las Cortes electas. Parece razonable que el Jefe del Estado no pueda encargar la formación de Gobierno por iniciativa propia para así dar inicio al trámite de investidura y, en su caso, al de la convocatoria de nuevas elecciones. Pero sería aconsejable que no se pudiera caer en el equívoco entre la potestad Real de 'proponer' un candidato y la de 'encargar' a alguien que conforme una mayoría suficiente. Aunque es la otra vertiente del artículo 99, la que permite impedir la investidura de un candidato propuesto por el Jefe del Estado sin que exista ni se pretenda otro alternativo, la que merece alguna reflexión crítica, en tanto que afecta a la gobernabilidad induciendo en las formaciones parlamentarias actitudes poco responsables. La gran paradoja es que su posible revisión exigiría el clima de entendimiento y consenso que precisamente rehuyen los grupos parlamentarios a la hora de procurar la gobernación del país.