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Artur Mas y Joana Ortega.
La Fiscalía desestima los recursos de apelación de Mas, Ortega y Rigau por el 9-N

La Fiscalía desestima los recursos de apelación de Mas, Ortega y Rigau por el 9-N

Considera que "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así"

EUROPA PRESS

Lunes, 18 de julio 2016, 14:49

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La Fiscalía Superior de Cataluña ha desestimado los recursos de apelación del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau contra el auto que mantiene la acusación contra ellos por presunta desobediencia y prevaricación administrativa en la organización de la consulta soberanista del 9-N.

El escrito de la Fiscalía considera que "pretendieron aparentar que el proceso quedaba exclusivamente en manos de ciudadanos voluntarios, cuando en realidad no fue así". En ese sentido, asegura que la instrucción ha demostrado que la preparación de la consulta se intensificó tras la suspensión por parte del Tribunal Constitucional: "Sin los medios de la administración autonómica empleados antes pero también y especialmente después de la suspensión cautelar" no hubiera podido celebrarse, apunta.

Sobre el delito de desobediencia, expone que los investigados, encabezados por Mas, "conocieron y comprendieron perfectamente el contenido y efectos de la Providencia del Tribunal Constitucional, la cual era clara e inequívoca, y resueltamente decidieron no acatarla". Respecto a la prevaricación administrativa, considera que los exmiembros del Govern "dejaron respectivamente de suspender oficialmente tanto la convocatoria que aquel [Mas] había efectuado como las decisiones administrativas concretas adoptadas para darle ejecución".

Recurso

En sus alegaciones, Mas, Ortega y Rigau recurrieron la decisión de dejarles a las puertas de ir a juicio al considerar que la causa tiene un "contenido marcadamente político" y que ni desobedecieron ni prevaricaron. Por ello, solicitaron el archivo de la causa al entender que se atribuyen "responsabilidades criminales a los legítimos representantes de un gobierno democrático por su actuación política vehiculada de manera responsable, cívica y pacífica".

En su escrito de defensa, Artur Mas remarcó que la instrucción del caso demostró que los tres acusados no sólo no desobedecieron al TC ni prevaricaron, sino que el Govern interrumpió efectivamente la organización y gestión de la consulta "sin hacer dejación de ninguna de las funciones legales encomendadas a la Generalitat con respecto al orden público, la seguridad de las personas, el derecho de información de los ciudadanos y la gestión de los sistemas informáticos públicos".

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