Lesmes reclama una nueva organización de los tribunales

Durante su intervención, en la que ha actualizado los datos de la última memoria del CGPJ, Lesmes ha destacado que durante 2015 se resolvieron más asuntos que el año anterior, y que por ello los órganos judiciales están un poco menos congestionados con la excepción del Tribunal Supremo, que experimentó un fuerte incremento en la entrada de asuntos en la Salas de lo Civil y de lo Social.

Concretamente, en número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales españoles durante el pasado año fue de 8.376.311, lo que supone una disminución del 3,2% respecto al año anterior. Lesmes ha apuntado que en el mismo periodo se resolvieron un total de 8.555.341 asuntos y al final del año quedaban en trámite 2.411.905, "lo que representa una reducción del 5,9% respecto a los que estaban en esta situación al inicio del año". Ha destacado que se trata de la cifra más baja desde el año 2007.

"Esta tendencia positiva no nos puede hacer olvidar que hay situaciones difícilmente sostenibles en muchos de nuestros juzgados y tribunales", según ha manifestado Lesmes, destacando que "existe una excesiva cargo de trabajo en nuestros órganos judiciales, pero lo más evidente es que esta carga está muy mal repartida, existiendo grandes desequilibrios y una muy mala organización".

En este sentido, ha destacado que cerca de un millar de los casi 4.000 órganos judiciales españoles no alcanzan el indicador medio de carga de trabajo, mientras que otros 1.695 están por encima del 150% de ese indicador.

Colapso en los Juzgados de los Mercantil y lo Social

Entre los segundos figuran el 93% de los Juzgados de lo Mercantil, el 95% de los juzgados de primera instancia y el 97% de los juzgados de lo Social. En muchos de estos últimos, cada juez tiene que despachar más de 1.300 asuntos al año.

Junto a dichas cargas de trabajo, que el propio Lesmes ha reconocido como "inasumibles" y la insuficiencia de medios materiales, el presidente del Consejo se ha referido al "evidente problema estructural" de la Justicia española, que carece de un modelo definido de organización territorial debido a que fue diseñada en el siglo XIX. "Existe un problema de modelo territorial en la gestión de la Administración de Justicia -ha destacado Lesmes-. Los procesos decisorios o están exentos de dificultades y, en ocasiones, observamos yuxtaposición y solapamiento de competencias".

Ha advertido igualmente de que el mapa de transferencias a las comunidades autónomas de las competencias en materia de Justicia no se ha completado "y corremos riesgo de padecer una justicia de dos velocidades, según el territorio en el que residamos".

Por ello, ha abogado por abrir una gran reflexión sobre la Justicia y diseñar un programa de reforma global que aborde la cuestión desde una doble vertiente: por un lado, la independencia judicial, carrera y estatuto del juez y, por otro, las propuestas de reformas estructurales.

Medidas

El primer debate abordaría los aspectos de la actividad judicial -ingreso en la carrera, selección, formación, especialización, excelencia, protección social, código ético, responsabilidad, independencia, provisión de destinos, evaluación del desempeño, nombramientos, etcétera- que permitan situar a los jueces españoles en una posición reforzada para afrontar los retos del siglo XXI.

El segundo trataría de las reformas estructurales necesarias para la modernización de la Justicia. Pasaría por una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial; la definitiva aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que defina las funciones instructoras del Ministerio Fiscal y por clarificación del modelo territorial de gestión de la Justicia, ultimando el proceso de transferencia de competencias o incluso planteando su "redefinición".

Lesmes también ha enumerado otras medidas que, a corto plazo, servirían para atender las necesidades de carácter más urgente. La primera de ellas es la creación de nuevos órganos judiciales, al menos en aquellos casos en que se haya detectado que el déficit estructural es grave.

Requieren también a su juicio una pronta actuación los órganos de la jurisdicción social, que se enfrentan a una situación "crítica", así como los Juzgados de Primera Instancia y de lo Mercantil -necesitados de más medios tecnológicos y de personal funcionario con conocimientos en tramitación concursal-, y es preciso asegurar la continuación de la modernización tecnológica.

Balance de gestión

El presidente del Supremo y del CGPJ también ha hecho balance ante los miembros de la Comisión de Justicia de la gestión llevada a cabo en el actual mandato por el órgano de gobierno de los jueces, de la que ha dicho que "se ha caracterizado por la eficacia, el consenso, la austeridad, la transparencia, el servicio a la Carrera Judicial y el servicio al ciudadano".

Así, Lesmes ha explicado que, desde que se constituyó en diciembre de 2013 y hasta finales del año pasado, el CGPJ ha adoptado más de 11.000 acuerdos. Solo en 2015, el Pleno aprobó 254, más del 80% de ellos por unanimidad.

Igualmente, ha subrayado que el presupuesto del órgano de gobierno de los jueces para 2016 es de 54,9 millones de euros, lo que supone una reducción de ocho millones respecto al de 2013 -el del Consejo anterior al actual- y de 23 millones respecto al de 2010. Especialmente significativa ha sido la minoración de los gastos de protocolo, que se han reducido a la quinta parte.

En otro momento de su comparecencia se ha referido a "la decidida apuesta por la transparencia hecha por el Consejo desde el inicio de su mandato", pues la información ya disponible en el Portal de Transparencia se han añadido las fichas que informan del patrimonio económico de los altos cargos de la institución; el primer directorio de jueces y órganos judiciales de acceso público y los Portales de Transparencia de los Tribunales Superiores de Justicia.

Autorizaciones de compatibilidad

Además, Lesmes ha anunciado que próximamente se podrán consultar las autorizaciones de compatibilidad concedidas a los miembros de la Carrera Judicial para el desarrollo de otra actividad, de modo que los ciudadanos podrán conocer con qué permisos -y para qué actividad concreta- cuentan los jueces, "lo que supondrá una garantía adicional de imparcialidad".

Sobre la política de cobertura de plazas judiciales, Lesmes ha señalado que ha permitido que la cifra de 395 jueces sin plaza al inicio del mandato del actual Consejo se haya reducido hasta los 119.

En relación con este asunto, Lesmes ha insistido en la necesidad de crear nuevas plazas judiciales y ha recordado que, el pasado 25 de febrero, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad una declaración institucional en la que consideró "ineludible e inaplazable" el aumento de la planta judicial.