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La UDEF acusa a la Junta de amañar el concurso de la mina de Aznalcóllar

La UDEF acusa a la Junta de amañar el concurso de la mina de Aznalcóllar

La juez que investiga el caso ya censuró en un auto que el proceso "careció del más mínimo rigor" y la adjudicataria no debió pasar de la primera fase

CECILIA CUERDO

Jueves, 2 de julio 2015, 12:32

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Un informe demoledor de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía concluye que la Junta de Andalucía vulneró el procedimiento que fija la ley y amañó el concurso de adjudicación de la licencia de reapertura de la mina de Aznalcollar (Sevilla), celebrado el pasado mes de febrero que ganó el consorcio Minorbis-Grupo México. Los agentes han tomado declaración en calidad de detenidos a altos cargos del Ejecutivo regional y técnicos que participaron en la mesa de contratación, por lo que la juez que investiga el caso podría citarlos a declarar en breve.

El letrado que representa a la empresa descartada, Emérita Resources, ha subrayado que el informe policial viene a confirmar "que lo que denunciábamos no eran solo irregularidades administrativas, sino también ilícitos penales". Según consta en el informe policial, ya en manos de la juez de instrucción 3 de Sevilla y adelantado hoy por el diario El País, la Junta alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado.

Los agentes señalan que las valoraciones emitidas por los técnicos que llevaron a cabo el concurso "fueron sesgadas" para perjudicar a Emérita. Las sospechas de que "algo raro ocurría" se presentaron desde el primer momento, ha recordado el letrado de esta sociedad en declaraciones a Colpisa. En la denuncia que presentaron en su momento por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y tráfico de influencias, los responsables de Emérita relataron una reunión en 2014 en la que Minorbis les aseguró que "tenían la llave del proyecto" y les ofreció concurrir juntos al concurso. Ante la negativa, llegaron a temer un espionaje industrial, de modo que presentaron el proyecto con acta notarial de entrega. Aún así comprobaron como su proyecto fue facilitado a la empresa competidora y que el documento final de ésta incluía grandes coincidencias con el de Emérita.

La UDEF viene ahora a confirmar estas sospechas, destacando también que Emérita perdió puntos en las valoraciones "de forma indebida". Por ejemplo, duplicaban la inversión de investigación por cuadrícula minera presentada por Minorbis, y sin embargo fue ésta la que consiguió 6,5 puntos de ventaja. La empresa ganadora incluyó en su propuesta la creación de balsas de residuos tóxicos, prohibidas en el pliego de condiciones como medida de garantía en la zona afectada por el desastre medioambiental de 1998, y planteaba accesos a la mina en zonas de gran inestabilidad.

La investigación policial, que se prolongó durante un mes, subraya que a Grupo México no se le reclamó documentación porque en teoría solo prestaba apoyo económico a Minorbis, pese a que en los documentos finales actuaba también como licitador. En este sentido, confirma la tesis suscrita por la juez de instrucción al abrir el caso de que la ganadora "no cumplía las exigencias mínimas, ni siquiera, para superar la primera fase del concurso de adjudicación". En ese auto pidió a la policía que tomara declaración a la directora general de Minas, María José Asensio, a los técnicos que intervinieron en el concurso y los dos empresarios ganadores de Minorbis, todos ellos en calidad de detenidos.

Las tesis de la Policía chocan con la actitud del Ejecutivo andaluz, que desde que saltó el caso defendió la transparencia y legalidad del concurso, avalado por la Intervención de la Junta de Andalucía y sus servicios jurídicos, y que redujo el asunto al conflicto de dos empresas. No obstante, la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, decidió paralizar la adjudicación hasta que se resolviera la investigación.

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