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La iglesia donde el sacerdote daba misa.
El Supremo confirma la condena de dos años de cárcel para el sacerdote ladrón de Albacete

El Supremo confirma la condena de dos años de cárcel para el sacerdote ladrón de Albacete

El religioso ayudaba a una banda a robar a sus feligreses

J. V. Muñoz-Lacuna

Miércoles, 27 de mayo 2015, 15:49

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El Tribunal Supremo ha confirmado la pena de dos años de prisión para el que fuera sacerdote de las localidades albaceteñas de Alatoz, Villavaliente y Carcelén por ayudar a una banda de delincuentes a robar a los vecinos de estos pueblos.

Al excura, Mario Manuel Ortiz Gonzales, de origen boliviano y 40 años de edad, se le considera autor de un delito de pertenencia a banda criminal. En concreto, a un grupo de delincuentes organizado, todos procedentes de países sudamericanos, que se dedicaban a robar y a traficar con drogas por las provincias de Albacete, Jaén y Córdoba. Cuando actuaban en la provincia de Albacete contaban con la colaboración de quien nunca se atreverían a sospechar los habitantes de los pueblos que fueron víctimas de la banda: su párroco, que fue apartado de sus funciones religiosas cuando se conocieron estos hechos.

Mario Manuel se ganaba la confianza de sus feligreses, se interesaba por sus hábitos y nivel de vida e incluso llegó a hacerse con las llaves de algunos vecinos, lo que facilitaba el trabajo de sus compañeros en los golpes. En una ocasión, en julio de 2012, avisó por la teléfono a la banda para que abortaran el robo a un estanco porque la víctima, que estaba cenando con él, había decidido regresar a su casa. Todo esto lo descubrió la Guardia Civil gracias a las escuchas telefónicas que efectuaron al sacerdote cuando los agentes sospecharon de él y que confirmaron que Mario Manuel preparaba los golpes con los otros miembros de la banda como un integrante más del grupo.

Durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Albacete el pasado mes de junio, el excura aseguró que colaboró con el grupo de delincuentes porque era coaccionado, un argumento que no convenció entonces a la Audiencia Provincial ni ahora al Tribunal Supremo, que también ha rechazado incrementar la condena a tres años como había solicitado la fiscalía. La defensa había pedido su absolución.

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