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La infanta Cristina de Borbón.
La Audiencia de Palma dice que es Castro el que debe decidir sobre la fianza de la infanta Cristina

La Audiencia de Palma dice que es Castro el que debe decidir sobre la fianza de la infanta Cristina

Los magistrados devuelven 48 horas después el expediente al juez

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 27 de mayo 2015, 12:43

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Nuevo lío en el caso Nóos y de nuevo con la infanta Cristina como protagonista. 48 horas después de que el juez José Castro decidiera dejar en manos de la Audiencia Provincial de Palma la decisión de rebajar o no la fianza civil de la hermana del Rey, ese mismo tribunal le ha devuelto el expediente. La Audiencia sostiene que el magistrado, a pesar de haber concluido la instrucción, sí que sigue siendo el competente para rechazar o aprobar la petición de la duquesa de que se reduzca la caución de 2.697.150 euros (incluidas multas) que le impuso como cómplice de los dos delitos fiscales cometidos por su marido, Iñaki Urdangarin, en 2007 y 2008.

Los superiores de Castro creen que esa decisión entra dentro de la competencia de la pieza separada de responsabilidades pecuniarias que todavía controla el juez de instrucción.

Tanto la hermana del Rey como la Fiscalía reclamaron una reducción al considerar excesiva la caución. El pasado lunes Castro reenvió el asunto a sus superiores, al entender que ya no es competente sobre esta decisión, pues la instrucción de la causa ya ha sido concluida y todo el sumario está ya en la Audiencia Provincial a la espera de que se fije una fecha para el juicio.

La infanta, en un escrito muy duro enviado hace dos semanas al juzgado, insinuaba que los cálculos del magistrado están guiados por la acusación de Manos Limpias y que la caución que le exige el instructor es simplemente "aberrante", al margen de apuntar, sin demasiado disimulo, que la actuación de Castro es "antijurídica".

Los letrados Miquel Roca y Jesús-María Silva, defensores de la duquesa, reclamaron entonces al juez que rebajara de inmediatamente la fianza a la hija de don Juan Carlos a una sexta parte. Esto es, de esos casi 2,7 millones de euros a 449.525 euros.

La infanta, en su escrito al que luego se sumó Anticorrupción, sostenía que esa cifra es más acorde con la acusación que pesa contra ella: ser cooperadora necesaria en un fraude al fisco de 337.143 euros. Una cantidad a la que, entiendían sus abogados, habría que sumarle un tercio a modo de multa, hasta llegar a esos 449.525 euros.

El equipo jurídico de Cristina de Borbón consideraba "manifiestamente injustificada" la decisión de José Castro de admitir la petición de Manos Limpias de que a la hermana menor del jefe del Estado se le aplicara la fianza más alta posible, o sea, el séxtuplo de la cantidad defraudada por su marido. Reprocha al magistrado que aceptara la reclamación de la acusación popular a pesar de que "no fundamentó" por qué se pedía la pena máxima a la infanta, cuando no concurren en su caso -sostienen sus abogados- "agravante alguna".

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